Urge que se aborde el grave problema de limpiavidrios y trapitos

En las últimas décadas se ha ido permitiendo en La Plata la aparición gradual de personas que, apelando en muchos casos a comportamientos violentos y extorsivos, comenzaron a reclamar en la vía pública dinero a los automovilistas, a cambio de supuestos servicios tales como limpiar los vidrios de los autos u ocuparse de facilitar el estacionamiento de vehículos. Y es desde entonces que se suceden numerosos episodios conflictivos, con derivaciones a veces muy graves. Sin embargo, lo más preocupante es que, desde hace también mucho tiempo, se presume la existencia de verdaderas organizaciones mafiosas que se ocupan de ejercer en forma sistemática este tipo de presiones.

La situación se presenta especialmente en sectores en donde se registra el cruce de avenidas de intenso tránsito, pero también en calles transversales a las avenidas troncales, en donde el tiempo de espera a que obligan los semáforos facilita la actividad de los limpiavidrios, algunos de los cuales suelen ejercer una especie de violencia tácita o expresa sobre los conductores, “obligándolos” a aceptar sus servicios.

A grandes rasgos debe decirse que –al margen de que no pocas personas acuden a estas tareas informales por no contar con un trabajo fijo, como una manera de obtener ingresos y superar así sus penurias económicas- no existe justificación alguna para que algunos limpiavidrios no sólo increpen a los automovilistas, sino que les presten en forma compulsivo el servicio que no se les pidió y todo ello derive luego en discusiones –cuando no en verdaderas grescas, como acaba de ocurrir estos días en la esquina de 7 y 32- que se repiten desde hace años, sin que las autoridades municipales atinen a dar con la solución.

Lo mismo ocurre con los trapitos, que ejercen otra de las actividades informales que ha crecido sin medida en la vía pública y que originan, también, toda clase de conflictos. Los trapitos han sentado su imperio no sólo en las calles céntricas –inclusive en las que están sometidas al régimen del estacionamiento medido- sino, fundamentalmente, en cercanías de los grandes estadios, donde suelen exigir sumas importantes de dinero a quienes asisten a los encuentros deportivos o a recitales artísticos. Ningún automovilista necesita que le informen lo que puede ocurrir con su vehículo si se niega al pago del “canon” que le reclaman.

Al margen de la omisión en que incurre la Municipalidad al permitir estas presencias que convierten al espacio público en un negocio privado, la intervención de algunas fiscalías parece ser una de las pocas notas positivas que acompañan a este fenómeno.

El problema, que es complejo, se nutre de la penosa situación socio-económica en la que se encuentran muchas personas, pero eso merece otras respuestas por parte del Estado. Las autoridades no pueden dejar hacer y permitir la consolidación de actitudes intimidatorias, claramente delictivas en algunos casos, que degradan la calidad de vida de todos los ciudadanos.

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En nuestra ciudad, esta cuestión, con todas sus complejidades, debe ser abordada con decisión y voluntad firme. Pero, además, con urgencia. Porque se trata de un fenómeno que crece en forma alarmante y cada vez se tornará más difícil erradicarlo si no se cambia la actitud de indiferencia de las autoridades que ha imperado hasta ahora. Cabe esperar que, alguna vez, el reclamo aquí planteado tenga una respuesta distinta a la del dejar hacer y dejar pasar.