La persistencia alcista del dólar llevó a la elevación de la tasa de interés de referencia del Banco Central hasta el 40% y a acudir al Fondo Monetario Internacional para frenar la divisa, objetivo que no se ha logrado, pese a la pérdida de reservas.
Esta nueva realidad genera un clima de incertidumbre y asfixia financiera que impacta de manera negativa en el funcionamiento de la actividad productiva desalentando nuevas inversiones y la generación de empleos de calidad, destaca un informe del Instituto Argentino para el Desarrollo Social (Idesa).
El informe destaca que el Gobierno se aferró a la idea de que con el gradualismo se evitan los “costos sociales del ajuste”. Se trata de un planteo políticamente atractivo, pero falso. La realidad pone en evidencia que corregir lentamente los desajustes heredados produce igualmente daños sociales y económicos.
Sin más espacio para dilaciones, las autoridades económicas tuvieron que improvisar acciones en la línea de avanzar más rápido en el ordenamiento de las cuentas públicas. En concreto, se anunció un cambio en la meta de déficit fiscal pasando del 3,2% al 2,7% del PBI. Esto implica una reducción del déficit fiscal del orden de los $60 mil millones.
El anuncio de la reducción de la meta de déficit fiscal no fue acompañado de una explicación de cómo se logrará.
El programa “Infraestructura de Transporte Urbano para el Área Metropolitana” tiene una partida de $49 mil millones y elprograma “Plan de Agua y Saneamiento para AySA (región metropolitana)” tiene otra partida de $20 mil millones.
En suma, hay $69 mil millones que la Nación gasta para la región metropolitana. Estos datos constituyen apenas un par de evidencias de que hay margen para reducir el gasto público nacional sin apelar a recortes que impacten negativamente sobre la calidad de vida de la población más vulnerable. En todo el territorio nacional, salvo la región metropolitana, los gastos de infraestructura de transporte urbano y de agua y saneamiento son afrontados por los gobiernos locales. Por lo tanto, corresponde que estas partidas nacionales en favor del área metropolitana sean afrontadas por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Con sólo dar este paso de ordenamiento y respeto al federalismo se podría lograr el ahorro prometido por el Gobierno., propone Idesa.
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