El acuerdo con el FMI, replantea la distribución de los ingresos fiscales

En el último mes se recurrió a la búsqueda de financiamiento de un organismo como el FMI, a través de la firma de un acuerdo que permita financiar una transición gradual hacia el objetivo de equilibrio fiscal, que incluye un importante ajuste en las cuentas públicas con indiscutible impacto en las economías provinciales.

Al menos así lo estima el Instituto para el Instituto Argentino de Análisis fiscal (Iaraf).

Los lineamientos del acuerdo establecen un sendero de corrección fiscal que se sintetiza en metas de déficit primario para 2018 por un 2,7% del PBI y para los años 2019 y 2020: -1,3% y 0% en términos del PBI, respectivamente, destaca el estudio.

En un contexto de reforma tributaria en marcha, el logro de las metas de resultado fiscal se obtendrá básicamente a través de la baja del gasto público.

En el caso de las transferencias que constituyen a la vez un gasto para el nivel nacional y un ingreso para las arcas provinciales, resulta clave que el proceso decisorio incluya una consideración federal consolidada.

La baja en el peso de Gasto Primario que aportarían las Transferencias no Automáticas varía según se trate de las corrientes o las de capital.

LE PUEDE INTERESAR

Por la pérdida de confianza, la crisis se hace sentir más en el país que en el resto del mundo

LE PUEDE INTERESAR

Psicópatas en el horizonte

En el acumulado a 2020 el Ministerio de Hacienda prevé que las Transferencias Corrientes aporten 0,6 puntos porcentuales del PBI a la baja del peso del gasto primario y pasen a representar el 0,2% del PBI en 2020.

Las Transferencias Corrientes están concentradas en pocos programas pero de especial envergadura. Los cinco programas más relevantes de las trasferencias corrientes no automáticas registraron una participación en el PBI de 0,82% en el año 2017.

Por ejemplo el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales rondó 0,23% del PBi y las Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social (Cajas de Jubilación no transferidas) un 0,10%, destaca en su informe Iaraf.

EL ACHIQUE

Surge claramente que la importancia conjunta sólo de estos dos programas supera la meta final para estas transferencias, lo que plantea un primer interrogante en cuanto a la implementación de la reducción de las erogaciones en esta clasificación.

Se prevé que las Transferencias de Capital culminen el año 2020 con una participación equivalente al 0,03% en relación al PBI.

Respecto a los programas involucrados los cinco programas más relevantes (que abarcan vivienda, hábitat e infraestructura) asumieron una importancia en el PBI del 0,29% en 2017 también superando ampliamente la meta para estas transferencias, por lo que aparece como relevante contar con una desagregación de los programas que serán más afectados o que cambiarán de nivel federal que los financia y ejecuta para alcanzar las metas comprometidas.

En el análisis por provincia, el estudio destaca que se aprecia que La Rioja y Jujuy son las provincias que tienen una mayor dependencia de las transferencias no automáticas, ya que más del 20% de sus recursos están compuestos por estos fondos discrecionales.

En el otro extremo se ubican las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis, con un indicador por debajo del 5%. Esto significa que menos del 5% de sus ingresos dependen de los envíos no automáticos del gobierno nacional. También, otras provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires presentan un relativamente bajo nivel de dependencia a los envíos no automáticos, asumiendo indicadores próximos al 7%.

Un aspecto no menor lo constituye el hecho de que en el mes de diciembre de 2017, Buenos Aires recibió $40.000 millones en concepto de transferencias corrientes no automáticas, por lo que la provincia pasó a encabezar el ranking de dependencia de envíos nacionales por transferencias corrientes no automáticas.

La Rioja constituye un caso particular, ya que recibe desde 1988 recursos no automáticos bajo la forma de envíos de capital y corrientes que denomina específicamente como “extracoparticipables”, que se deben negociar año tras año.

Como referencia, estos fondos fueron de $2.500 millones durante el año 2017, y para 2018 el presupuesto prevé el envío de $1.400 millones, el equivalente a 0,15% de la coparticipación y al 0,01% del PBI).

En la misma cuenta, el gobierno nacional registró puntualmente fondos extracoparticipables enviados a la provincia de Buenos Aires por cerca de $24.846 mil millones y $40.000 millones en los meses de diciembre de 2016 y 2017, respectivamente.

Un componente fundamental del Consenso Fiscal firmado a finales del año pasado fue la compensación a Buenos Aires, por medio de la cual el gobierno nacional comprometió el envío de transferencias corrientes automáticas por el 0,16% del PBI para 2018 ($21.000 millones) y el 0,27% del PBI desde 2019 ($44.000 millones).

Este es un compromiso no menor, ya que sólo este ítem ya superaría las metas acerca del peso que se espera que tengan las transferencias a futuro.

En el contexto actual, uno de los frentes más relevantes involucra al fiscal, en el cual se busca alcanzar el equilibrio de las finanzas públicas. En este marco, se recurrió a la búsqueda de financiamiento de un organismo como el FMI, a través de la firma de un acuerdo stand-by que permita financiar la transición hacia el mencionado objetivo, que desde el inicio del actual gobierno se mantiene como una trayectoria gradual.

Los lineamientos del acuerdo establecen un sendero de corrección fiscal más acelerado al esbozado por el gobierno en el último presupuesto anual.

Se recalibró la meta fiscal de déficit primario, que quedó establecida para 2018 en 2,7% del PBI, y se constituyeron nuevas metas para los años 2019 y 2020: -1,3% y 0% en términos del PBI, respectivamente.

En un contexto de reforma tributaria en marcha, el logro de las metas de resultado fiscal se obtendrá básicamente a través de la baja del gasto público. Las fuentes para la reducción del gasto en las magnitudes previstas son básicamente: subsidios a la energía y al transporte, transferencias corrientes a provincias y gasto de capital (incluye las transferencias de capital a provincias, para obra pública, lo que explica la puja creciente con los gobernadores).