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RAMIRO EGÜENAbogado - Asociación Bonaerense de Estudios Fiscales (Abef)
Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) y te diré qué derechos tienes. (González Bertomeu).
Ninguna libertad podría ser garantizada en ausencia de un deber estatal, y tal deber sólo merece ser tomado en serio cuando se destina parte del Presupuesto tanto a satisfacerlo en forma directa como a penar su incumplimiento.
El Presupuesto no sólo es una ley que se discute y aprueba anualmente en el Congreso de la Nación y permite otorgar un marco institucional a las decisiones económicas del Poder Ejecutivo, sino que constituye una herramienta de política económica central para la gestión gubernamental en la medida en que proyecta la evolución de las principales variables macroeconómicas del país, otorgando previsibilidad a los ingresos y gastos públicos, para la planificación del conjunto de los actores económicos tanto locales como extranjeros.
El FMI busca garantizarse una reestructuración de deuda antes de las elecciones
Esta funcionalidad la analizamos en el Presupuesto 2019, mostrando una preocupante continuidad debido al incumplimiento de las proyecciones de los presupuestos 2017 y 2018, y la meta de recurrir a 0% el déficit fiscal primario.
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Los principales problemas de consistencia macroeconómica que presenta el Presupuesto 2019 son:
La estimación del tipo de cambio a $40,10 implica que la cotización del dólar deberá mantenerse en promedio a ese valor, durante todo el transcurso del año próximo. Por otro lado, la caída del 0,5% del PBI motorizada por la baja en el consumo público (-3,4%), la inversión (-9,7%), y el consumo privado (1,6%), amortiguando parte de ese impacto con un sensible aumento de las exportaciones.
La inflación estimada en 23% a diciembre 2019 implica un tipo de cambio “pisado”. Si el tipo de cambio aumenta, entonces dicha inflación sería sólo un piso estimativo poco creíble para 2019. Para la inflación promedio suponen 34,8%, lo cual revela niveles de inflación acumulada muy elevados.
La estimación de la relación Deuda/PBI, del orden del 87%, es un duro reconocimiento para la gestión actual.
Algunas fuentes aseguran que hoy el peso de la deuda sobre PBI supera el 100%, y cuyo incremento se ve atado a la modificación del tipo de cambio.
Ello sin considerar la evolución in crescendo de los intereses que se devengan por la misma.
La evolución del IVA pareciera muy auspiciosa (31,6%, superando la inflación 23% punta a punta), lo cual se contradice con la previsión de caída del consumo.
Las jubilaciones crecerían a 37,6%, pero la Asignación Universal para Protección Social, se incrementa en sólo 20,4%. los gastos para planes como Argentina Trabaja, Progresar y otros sólo crecen 14,6%, es decir, muy por debajo de la inflación.
Los salarios de la administración pública, por pedido del FMI, debían aumentar el 8%. Con inflación prevista en 23%, implica una pérdida de poder adquisitivo superior al 10%.
Hay recortes principalmente en subsidios, que hacen prever aumento de tarifas.
En energía el recorte será de 1,6% en términos nominales y en transporte alcanzará 18,1% (también nominal). Hay también recortes en educación.
En las transferencias de gastos corrientes a las provincias la reducción es del 13,5%.
El aumento de ingresos que prevé el Gobierno es principalmente de dos rubros, las retenciones en un 201,2% y bienes personales en 69,4%.
Sobresale la modificación propuesta sobre la regulación de las reestructuraciones de deuda pública, por un eventual canje según “las condiciones imperantes del mercado financiero”, y posibilita saltear al Congreso en cualquier propuesta de este tipo.
Se podría especular que el FMI busca garantizarse una reestructuración de deuda antes de las próximas elecciones, evitando con ello la posibilidad de una renegociación en manos de un próximo gobierno.
El ¨costo de los derechos¨ nos exhorta a reconocer la vinculación entre derechos y gasto estatal, y reflejar cuánto dinero dedica el Estado a proteger derechos (o cuánto está dispuesto a dedicar), en qué medida y cómo lo hará.
Esta herramienta fundamental de administración es sin dudas la expresión numérica de su proyecto político y de gobierno, una demostración de prioridades a atender, en el contexto de la finitud de los recursos y por supuesto la infinita demanda ciudadana, quien afronta niveles de presión fiscal de países desarrollados, pero con servicios y prestaciones mediocres.
En la medida que perdamos el foco en el costo y financiamiento de los derechos y garantías consagradas constitucionalmente, podremos incurrir en el análisis de fórmulas vacías, alejadas de las necesidades sociales atendibles e insatisfechas.
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