Otro foco de tensión entre la Corte y Vidal, ahora por los juicios por jurados

La relación entre la Suprema Corte de Justicia bonaerense presidida por Eduardo De Lázzari y el gobierno de María Eugenia Vidal sumó ayer un nuevo elemento de tensión luego de que el Tribunal le reprochara al Ejecutivo errores en las listas de candidatos a ser jurados, que provocaron demoras y algunos juicios caídos. Lo hizo a través de una resolución firmada por el presidente De Lázzari y el resto de los jueces dl Tribunal, en el que le piden al gobierno bonaerense que “depure” en forma urgente esos listados porque “en los últimos años se han detectado serias dificultades en las instancias preparatorias de los debates a realizarse, que incluso imposibilitaron que se lleven a cabo las audiencias“ previstas.

Según información a la que accedió EL DIA, en lo que va de 2019, se realizaron 35 juicios por jurados pero hubo 10 que debieron reprogramarse por no contar con la cantidad suficiente de jurados. Se trata de una tendencia que se viene profundizando. En 2018 hubo 12 juicios reprogramados y uno cancelado. En 2017 se cancelaron 11 y se repogramaron 9 juicios.

La resolución, que se conoció ayer, se inscribe en una serie de focos de tensión entre la Corte y el gobierno de Vidal, que se agudizaron a partir de la asunción en la presidencial del máximo tribunal de De Lazzari. En su primer acuerdo como flamante titular, De Lázzari promovió un documento sobre las dificultades presupuestarias que afronta el servicio de Justicia, con un fuerte reclamo de fondos a la Provincia para continuar las obras. Además, hubo otro fallo en el que la Corte hizo lugar a un planteo de jueces de familia por el estado de los servicios locales de niñez. La última controversia se produjo en torno a la asunción de Sergio Torres, el nuevo ministro cuyo pliego fue impulsado por Vidal. De Lázzari firmó en disidencia la resolución para tomarle juramento, al considerar que se debía resolver primero los cuestionamientos por el requisito de residencia de Torres.

En esta nueva controversia, la Corte aclaró que “la ley ha puesto en cabeza del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el proceso de elaboración de los listados de los ciudadanos sobre los cuales luego se efectuará el sorteo para la integración del Jurado en cada debate” y recordó que la mayoría de las personas que esperan un juicio por jurados “están privadas de su libertad”. El máximo tribunal se quejó porque más allá del sorteo público anual de los jurados “ninguno de los restantes requerimientos dispuestos por la ley han sido cumplidos por el Ministerio”. “En efecto, los listados remitidos a la Oficina Central de Juicios por Jurados en los últimos años (todos fuera del plazo que manda la norma) se han confeccionado sin la realización previa de las correspondientes declaraciones juradas y, por ende, de la efectiva depuración exigida por la ley “, explica una resolución de ese cuerpo.

La falta de depuración de los listados implica “incluir en el proceso de sorteo y conformación del Tribunal de Jurados ciudadanos que no cumplen con los recaudos legales para ejercer dicho rol, lo que genera diligenciamientos innecesarios de cédulas, resorteos reiterados de candidatos, pagos de traslados y demoras en el proceso”.

Ayer, en el MInisterio de Justicia bonaerense que conduce Gustavo Ferrari había sorpresa por la resolución de la Corte. “Llama la atención porque ya habíamos pautado una reunión para tratar este tema”, explicaron fuentes del Gobierno.

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En Justicia explicaron que los sorteos para integrar los listados se vienen realizando en tiempo y forma, una vez al año, como indica la ley. Y que el problema surge en la falta de actualización de los padrones electorales, que son la base para realizar los sorteos.