La creación por el Gobierno nacional del denominado “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), que tendría como finalidad “proteger a la ciudadanía de noticias falsas, maliciosas y falacias”, que contradice claros principios de la Constitución consagrados para que garantizar las libertades, implica antes que nada un sinsentido, toda vez que la verdad no puede ser definida por un organismo público. En suma, ¿quién puede atribuirse el dominio absoluto de la verdad y pretender imponerla sobre otros?

Suponer que puede montarse un “observatorio de la verdad”, desde el cual dictaminar hasta dónde pueden llegar los límites del pensamiento de las personas, sólo ha sido posible históricamente en dos instancias: en las más terribles dictaduras y en algunas obras de ficción. Pero ninguna democracia sensata puede, ni remotamente, intentar afianzarse con tijeras o mordazas.

Como bien ha señalado la Asociación Argentina de Entidades Periodísticas (Adepa) -que así también se expidió ante proyectos similares que se impulsaron en la década pasada- la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado, cuya plataforma de lanzamiento corresponde a la Defensoría del Público, conlleva el riesgo cierto de que sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia, por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover. La entidad aludió asimismo a que la propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados a un sólo sector político, ya fue un indicio de ello.

Más allá de sus objetivos declamados, está claro que el hecho de que un organismo público pretenda monitorear el ejercicio de la opinión y la información en una sociedad, constituye un dato que debe llamar la atención, ya que la libertad de expresión es uno de los derechos esenciales de la ciudadanía. Esto último es lo que ocurre en la Argentina como en la inmensa mayoría de los países del mundo que suscriben y defienden ese principio.

En cuanto a la libertad de acción y respeto al trabajo de los periodistas, no deben quedar dudas en que no puede verse restringida por ningún motivo. Y llegado el caso, si existieran conatos en contrario, investigar a quienes conculquen ese ejercicio. En ese sentido, merece investigación plena la denuncia presentada en las últimas jornadas por el canal de televisión C5N, por las presuntas agresiones sufridas por sus periodistas en la movilización realizada el lunes pasado.

Como bien sostuvo Adepa, la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos del odio es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales. Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos.

Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de «observación» como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión, delitos que están tipificados.

Asimismo, cuesta imaginar que alguien haya podido suponer que, en un contexto planetario de expansión y crecimiento de las redes sociales y de los cada día más numerosos medios de comunicación, podría controlarse el fluir libre de las conciencias de millones de personas. Afortunadamente, esa misión se ha tornado cada vez más dificultosa, por no decir imposible, a estas alturas del siglo XXI.