Renegociación de la deuda: el Gobierno rechaza nuevas exigencias y el acuerdo parece más lejos

La negociación entre el Gobierno nacional y los bonistas por la reestructuración de la deuda parece empantanada, entre otros puntos, por la cada vez más dura postura de uno de los grupos de acreedores y la decisión del presidente Alberto Fernández de no ceder ante los nuevos requerimientos.

El grupo en cuestión es uno que en esta nueva etapa viene sonando insistentemente: BlackRock. Liderado por Larry Fink, se mantienen en posturas prácticamente irreductibles. Si hasta el presidente de México, Manuel López Obrador, se reunió e intentó flexibilizar su posición ante un pedido expreso de Fernández, pero sin resultados positivos para la Argentina.

Mientras persisten las diferencias en cuanto a lo que Argentina ofrece, 49,90 dólares de Valor Presente Neto (NPV) por cada lámina de 100 dólares, y lo que los bonistas requieren, entre 53 y 55 dólares, ahora se suma una serie de instrumentos de tipo jurídicos que los acreedores, de diferente índole, pretenden sean tenidos en cuenta en la negociación.

Uno de ellos es el denominado Cláusulas de Acción Colectivas (CAC's), creadas por el sistema financiero internacional para evitar el accionar de los fondos buitre. Se trata de una herramienta según la cual si una mayoría de bonistas acepta una reestructuración de la deuda, el resto, que no lo hiciera, queda bajo el nuevo contrato firmado por el estado negociador y los acreedores privados que negociaron el nuevo acuerdo.

Un grupo de bonistas, los Exchanges 2005, tienen CAC's con niveles de aceptación más altos que BlackRock: 75% contra 66%. A más alto las CAC's, más se debe ofrecer para lograr un acuerdo.

Los Exchanges 2005 solicitaron que se les respetaran las CAC's, algo a lo que el Gobierno accedió, pero BlackRock, a través de la figura de Fink, pidió que sus bonos (emitidos posteriormente) también cuenten con CAC's del 75% y ya no del 66%. Esto fue considerado por el Gobierno, particularmente por el jefe de Estado, un exceso jurídico que no permitirían.

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Otro punto de discordancia es que el ministro de Hacienda Martín Guzmán no comparte la idea de un beneficio atado a las exportaciones y sí al crecimiento del PBI.

Y como si fuera poco, no son pocos los bonistas que creen que Guzmán, hasta ahora al frente de la renegociación, ya no tendría que seguir cumpliendo ese rol y apuntan a negociar directamente con el Presidente. Sin embargo, Alberto Fernández ratificó al ministro en la función que viene desarrollando a pesar de los distintos cursos que ha tomado la renegociación, aún sin resolverse y con un horizonte que por el momento se desconoce si aclarará o será más oscuro.