El bloqueo realizado por Camioneros a corralones de La Plata con el fin de obtener mejoras de índole salarial a los empleados de esas plantas afiliados a ese sindicato se aparta de lo que debe ser un normal reclamo de índole gremial, constituye un acto lesivo de garantías esenciales consagradas por la Constitución nacional y en nada contribuye a consolidar una ordenada convivencia social.

Tal como se informó en la edición de ayer, la grave situación está siendo analizada por empresarios platenses que forman parte de ACIMCO (Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción) que se reunieron para “discutir las diferentes vías de acción frente al conflicto con el sindicato”.

Según indicó la entidad, el bloqueo de las plantas con camiones se trató de una medida de “intimidación” por parte del gremio de los camioneros “con el fin de obligar a las casas de materiales de la construcción a firmar un bono de 25.000 pesos a los empleados representados por el sindicato”.

Por otro lado, plantearon diferentes estrategias a futuro en el caso que ocurra algún hecho similar. “Por el momento todos se encuentran a la espera de que la Ministra de Trabajo conceda una reunión con el fin de buscarle una solución a este arrebato por parte del Sindicato de Camioneros, y que les proporcione respuestas certeras con respecto a qué medidas se tomarán desde el Ministerio para frenar este tipo de conductas”, precisaron en un comunicado.

El comunicado añadió que “no es novedad la manera que tienen de actuar, ni la impunidad con la que se maneja este tipo de agrupaciones, ya que anteriormente han buscado la firma de acuerdos sin homologación pero respetaban la voluntad de cada empresario platense”. Y cerraron: “Lo que llama la atención son los hechos violentos y amenazas recibidas a partir del pedido de los empresarios de presentar un acuerdo que este respaldado por el Ministerio de Trabajo”.

La sociedad no puede permitir que ningún sector se arrogue facultades que les están expresamente vedadas. El artículo 14 de la Constitución establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino...”.

El sindicato de Camioneros, cuando bloquea la entrada y salida de un lugar, impide el derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita y a transitar libremente. Se está hablando aquí de garantías primarias y básicas, que son pilares fundamentales en nuestro ordenamiento, y que sólo están sujetas a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En esta situación, que es de exclusiva naturaleza gremial, no se ve que existan tales limitaciones.

Nuestro país tiene también firmados tratados internacionales que consagran en forma absoluto el imperio de estas garantías. Así, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los países acordaron que estas normas universales -fijadas para garantizar los derechos básicos de las personas- “no podrán ser objeto de restricciones”. El tema de la seguridad jurídica asoma también en el cumplimiento o no de estas cláusulas.

Tanto las autoridades administrativas como los magistrados de la Justicia deberían velar para impedir que se trastoquen principios en los que se asientan la democracia y el sistema republicano.

Por otra parte, le costó mucho a nuestro país recuperar el sistema democrático y fue compartido el esfuerzo que todos los sectores desplegaron desde 1983 para mantener abiertas las vías de la institucionalidad. No es con prepotencias o acciones de fuerza como se dirimen los conflictos y es responsabilidad del Estado para que, situaciones como las vivida estos días en La Plata, no vuelvan a ocurrir.