La inflación recalentó sus motores en medio de la segunda ola

Columnista de EFE

La inflación volvió a acelerarse en marzo pasado, con un alza del 4,8 por ciento, la más alta del último año y medio, un fenómeno que preocupa en momentos en que la debilitada economía del país afronta los inciertos efectos de la segunda ola de covid-19.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que los precios al consumidor en Argentina se situaron en marzo algo más que un punto porcentual por encima de la tasa del 3,6 por ciento registrada en febrero, cuando la inflación había mostrado una leve moderación tras el repunte de los precios en diciembre y enero.

El índice registrado en el tercer mes del año es el más elevado desde septiembre de 2019. En tanto, los precios al consumidor avanzaron en marzo un 42,6 por ciento en términos interanuales y acumularon un alza del 13 por ciento en el primer trimestre del año.

De acuerdo con el informe oficial, entre las subidas registradas en marzo se destacaron las de servicios educativos (28,5 por ciento) e indumentaria (10,8 por ciento). Pero el alza con mayor incidencia en el indicador -y que activa las alarmas por su impacto en el costo de la canasta básica y en el nivel de pobreza- ha sido el de alimentos y bebidas: 4,6 por ciento en relación a febrero y 44,8 por ciento en términos interanuales.

El Gobierno, mientras, dijo que adoptará medidas para contener la subida de precios de los alimentos y garantizar el abastecimiento.

LE PUEDE INTERESAR

EE UU, China y el cambio climático

LE PUEDE INTERESAR

Argentina extrema: entre la “desobediencia civil” y el “golpe institucional”

Los precios al consumidor habían acumulado el año pasado una subida del 36,1 por ciento, logrando una desaceleración respecto al 53,8 por ciento verificado en 2019, en un contexto de recesión económica iniciada en 2018 y que se ha profundizado por la pandemia.

Según un reciente sondeo de la consultora D’Alessio IROL, la inflación se mantiene como el principal foco de preocupación de los ciudadanos, incluso por encima de la inseguridad por delitos o el miedo al Covid: ocho de cada diez argentinos mostraron en marzo inquietud por la evolución de los precios.

La preocupación no sólo es persistente en el tiempo -la inflación anual en Argentina no baja del 10 por ciento desde 2011- sino creciente.

De acuerdo a la última encuesta de expectativas de inflación realizada por la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada por la población para los próximos doce meses pasó del 45,2 por ciento en febrero al 46,3 por ciento en la medición de marzo.

La alta inflación crónica de Argentina es una de las variables más complejas de su macroeconomía, pero adquiere aún mayor relevancia en momentos en que el país -cuyo PIB lleva tres años en recesión y en 2020 se desplomó 9,9 por ciento golpeado por la pandemia- trata de reactivarse, pero se enfrenta actualmente a la segunda ola de Covid-19, de consecuencias inciertas.

Para Eduardo Fracchia, director del Área Economía del IAE Business School de la Universidad Austral, el aumento sostenido de los precios “distorsiona las decisiones de ahorro e inversión”, acortando los niveles de predicción tanto de las empresas como de los individuos.

Mientras los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas proyectan en promedio para este año una inflación del 46 por ciento, el Gobierno de Alberto Fernández mantiene una previsión del 29 por ciento para 2021. “Dada la inexistencia de un plan de ataque a la inflación, los distintos factores que la alimentan seguirán operando a lo largo del año”, advirtió Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía, de la Universidad de Belgrano.

Aun están pendientes de actualización precios de combustibles y tarifas de servicios públicos, mientras que los altos precios internacionales de los granos que exporta Argentina presionan los valores de los alimentos en el mercado doméstico.

A ello se suma que, de no ceder la pandemia y eventualmente aumentar los fondos que el Estado debe destinar a atender la crisis sanitaria y económica, un mayor déficit fiscal obligaría a una mayor emisión monetaria, con impacto en la inflación. “En resumen, ya no se trata de saber si la inflación anual alcanzará al 29 por ciento propuesto por la autoridad económica, sino si se podrá evitar que vuelva a un nivel cercano al 53,8 por ciento registrado en 2019”, afirmó Beker