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El secreto del “ajuste” argentino, dice un flamante informe, es que la cuenta la paguen los privados, a propósito, entre otras cosas, del siguiente dato: la masa salarial (remuneración efectiva más las contribuciones patronales para el sistema de jubilaciones, obra social, vacaciones, entre otros) de los 3,5 millones de empleados públicos que tiene la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal es superior a la masa de ingresos de los 10 millones de cuentapropistas y trabajadores del sector informal de la economía.
Mientras los empleados públicos reciben el 23,2% de la masa de ingresos total del país, los trabajadores informales (5,5 millones) y cuentapropistas (4,5 millones), un conjunto que abarca desde sectores de muy bajos ingresos, como el de las changas, hasta una amplia gama de profesionales y personas calificadas, reciben el 22%.
Así, resulta que el salario promedio en el empleo público más que triplica (es 201% superior) el ingreso promedio del sector de informales y cuentapropistas. Además, escribió Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral y autor del trabajo, los informales no cuentan con los beneficios de los empleados estatales y los cuentapropistas, a igual nivel de ingresos, pagan tasas de Ganancias muy superiores.
Tal es uno de los desequilibrios que señala el trabajo al contrastar el plan del gobierno de reducir la inflación mediante un acuerdo de “Precios Justos” por el que las empresas congelan el precio de 1.700 productos durante 120 días y limitan al 4% mensual los aumentos de los demás bienes y un contexto en el que el tipo de cambio, los salarios y las tarifas se indexan más del 6% mensual.
La inconsistencia del plan es llamativa, pero no es un hecho aislado”, dice Vasconcelos, y remite a las diferencias entre empleados públicos e informales y cuentapropistas. “No puede disociarse el fenómeno de la marginalidad laboral con la presión tributaria existente, derivada de un nivel de gasto público desproporcionado para el tamaño de las actividades productivas del país”, dice el trabajo, que además de la disparidad al interior del mundo laboral destaca otras dos consecuencias de una estructura económica tan desequilibrada: las dificultades para conseguir insumos importados y la caída del crédito al sector privado.
“El embudo para importar es cada vez más angosto y está destinado a alterar el ciclo productivo de no pocos sectores y empresas”, apunta Vasconcelos, y en el tema crediticio resalta una “tendencia secular” a la contracción del crédito a empresas y familias, desplazadas por un Estado ávido de financiamiento.
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