A extraordinarias para apurar el juicio a la Corte

La avanzada del Gobierno nacional contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sumó ayer un nuevo capítulo, luego de que la vocera presidencial confirmara que en la segunda quincena de este mes los legisladores deberán interrumpir su descanso estival para, entre otros temas, tratar el pedido de juicio político que el Presidente, Alberto Fernández, impulsa contra los jueces del alto tribunal.

“Será en la segunda quincena de enero, la semana que viene va a salir la convocatoria” a sesiones extraordinarias, anticipó Gabriela Cerruti en su tradicional rueda de prensa de los jueves ante periodistas acreditados en Casa Rosada.

Allí desgranó que el debate circulará en torno “al pedido de juicio político (a la Corte) y temas económicos, que se están terminando de definir”.

La funcionaria agregó que “la mayoría de los gobernadores” apoya el proyecto del oficialismo contra el máximo tribunal de Justicia tras el fallo por la coparticipación que obliga al Gobierno a devolverle a la ciudad de Buenos Aires los fondos que le había quitado.

“La Corte Suprema violó la Constitución e intervino sobre el accionar de los otros poderes. El pedido de juicio político se basa en que la Corte intervino en un caso del poder Legislativo con respecto al caso del Consejo de la Magistratura, poniendo en vigencia una ley que estaba derogada, y en la cuestión de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, en donde claramente violó la división de poderes”, disparó Cerruti, en línea con el discurso del Presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Para la vocera presidencial, “el Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica: promover el juicio político a la Corte. Esto tiene que ver con la situación que estamos atravesando: la Corte se entromete en el accionar de otros poderes”.

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En ese contexto, le recordaron a Cerruti que algunos gobernadores aliados y del peronismo disidente no están de acuerdo con la iniciativa oficial contra la Corte. A lo que retrucó que lo “importante y trascendente” es que el Presidente y “la mitad de los gobernadores” impulsan esta decisión y que “tal vez más adelante otros gobernadores y actores de la sociedad civil se expresen”.

En otro tramo de la conferencia de prensa en la Rosada, Cerruti aseguró que el objetivo del Gobierno para 2023, en materia económica, es “además de bajar la inflación, que suban los salarios”.

Al ser consultada sobre eventuales medidas oficiales para ponerle un tope a los aumentos en las tarifas de servicios públicos, la portavoz solo dijo que esa política “se va a estar definiendo en los próximos meses”, y destacó al respecto la realización de audiencias públicas.

Más allá de eso y del debate sobre el juicio político a los jueces de la Corte que se llevará todas las miradas, en el temario que enviará el Ejecutivo a las sesiones extraordinarias del Congreso habrá proyectos de índole económica.

Si bien aún no trascendió el detalle fino de las propuestas, desde el Palacio de Hacienda esperan que en el recinto comience a discutirse el nuevo blanqueo de capitales, el programa de beneficios para incentivar la exportación de gas natural licuado (GNL), un esquema del monotributo para el sector tecnológico y un proyecto para fomentar inversiones en el agro. Además, se evalúa si se enviará o no la nueva ley de moratoria previsional.