No existe excusa para que se retacee el suministro de agua y otros servicios

No puede sino generar una gran preocupación entre los clientes de Absa la denuncia formulada por la empresa acerca de una seguidilla de robos en las últimas dos semanas sobre instalaciones existentes en las perforaciones de agua existentes en Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y San Carlos, que puede afectar el servicio en tales barrios según fuentes de esa concesionaria.

“Nuevamente se han detectado vandalizaciones” en las perforaciones que forman parte del servicio de agua en nuestra ciudad, indicaron en la compañía que detalló los distintos lugares –se habló de ocho- en donde hallaron violentados los equipos, con robos del cableado de los tableros de las bombas.

“En los últimos 15 días, la empresa ha registrado daños diversos en ocho perforaciones, ocasionando daños en el servicio que repercuten de forma inmediata en el suministro a los usuarios”, explicó Absa mediante un comunicado.

Está totalmente en claro que estos daños y otras anomalías, como la baja presión en las redes, la falta de agua en muchas otras ocasiones en distintas zonas de la Región, las pérdidas en las cañerías y otras deficiencias, inciden en perjuicio de centenares de miles de vecinos, de modo que le correspondería a la empresa impulsar acciones para evitar estas emergencias.

Aquí es del caso recordar –aunque se trate de otra empresa de servicios- que vecinos de Gonnet y City Bell vieron de pronto cómo la empresa Movistar en los últimos meses decidió retirar en forma unilateral el servicio de telefonía fija, alegando que “se roban los cables aéreos de nuestras redes”.

En lugar de acudir a la Policía para combatir ese delito, la empresa cortó el servicio de telefonía fija. Alguien roba los cables y los clientes pagaron los platos rotos: se quedaron sin sus líneas fijas.

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Desde luego que sería impensable suponer que Absa y Camuzzi hicieran lo mismo, cuando se vandalizan las instalaciones de agua y gas.

Parece claro que, además de la prevención policial que debiera existir –y que no existe-, resulta imprescindible en estos casos investigar la cadena delictiva y detectar a quienes compran estos metales y cables robados.

Esta fue y sigue siendo, por cierto, la clave para desbaratar muchos de los episodios: llegar a los desarmaderos ilegales, esto es a desmontar la existencia de organizaciones delictivas que vertebran su actividad con mercadería robada.

Operativos policiales realizados en años recientes en desarmaderos ilegales de la Región permitieron detectar gran cantidad de metales, autopartes y cables de bronce robados, pudiéndose precisar que lo que había en los depósitos eran producto de sustracciones sistemáticas de metales, vehículos y otros elementos. Lo mismo ocurrió años atrás cuando la modalidad delictiva en auge fue la de los robos de pasacasetes, neutralizada en buena medida cuando la policía y la justicia llegaron a los locales ilegales de venta de esos productos.

En modo alguno una empresa concesionaria del Estado, a cargo de servicios públicos, puede alegar que por robos en sus instalaciones se dejan de brindar prestaciones que son esenciales para la población. Desde luego que resulta básica la presencia y acción policial, que, como premisa, necesita imperiosamente colocar más agentes y móviles en las calles. Ciertamente, no exista excusa alguna para retacear –o inclusive anular- la prestación de servicios públicos.