Un juez británico le impidió cobrar a un grupo de acreedores del Gobierno bajo el argumento de la difícil situación económica que atraviesa la Argentina.
Se trata de la ejecución de la sentencia en el caso que los acreedores habían ganado en Londres por la distorsión de las cifras del PBI durante el kirchnerismo.
El magistrado Simon Piken consideró, en base al testimonio de varios funcionarios argentinos, que el Gobierno no está en condiciones de depositar el 25% de los 1.330 millones de euros en una cuenta bancaria a la espera de un fallo final.
El analista Sebastián Maril difundió el fallo y anticipó que posiblemente el Gobierno utilice este mismo argumento en el caso por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York.
Piken dijo que los acreedores tampoco podrán embargar ningún activo del país en el exterior a la espera del fallo en segunda instancia, detalló Maril.
SUSCRIBITE a esta promo especial