La Ciudad debe ganar la batalla contra la profusión de grafitis que la dañan

No puede menos que causar satisfacción la noticia de que la Municipalidad local recuperó en las últimas semanas unas 1.800 fachadas de edificios, dañadas por los grafitis y pegatinas , en una tarea que se desplegó sobre frentes de viviendas particulares, de organismos públicos y locales comerciales, en base a trabajos realizados por trabajadores comunales.

Tal como se indicó la iniciativa se extiende por distintas zonas de La Plata y las taras de limpieza y remoción de pegatinas se realiza sobre muros, persianas comerciales, edificios públicos, mobiliario urbano, templos y monumentos.

También se vieron alcanzados por esas tareas los frentes de escuelas y colegios, así como la basílica de San Ponciano que fue uno de los lugares que requirió un trabajo intenso de recuperación del frente y paredes laterales.

Sin perjuicio de ponderar esas tareas, corresponde s enfatizar que ya sea por una pretendida expresión de rebeldía o autoafirmación; o ya se trate de una competencia desorbitada entre tribus urbanas, la ola de pegatinas y leyendas se ha convertido en una pesadilla para la ciudad capital de la Provincia.

Se conoce desde hace décadas que, además de las multas, siempre vigentes y nunca efectivas, en los últimos años se esbozaron otras estrategias para enfrentar, desde diferentes ángulos, el problema de las pintadas.

Una de ellas fue el enjalbegado de monumentos con productos especiales “antigraffiti”. Otra, el lanzamiento de programas y operativos de remoción, lavado y limpieza de este tipo de intervenciones indeseadas, con posterior aplicación de una película protectora para evitar ulteriores ataques.

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Estas sustancias, que permiten preservar algunas superficies tienen su talón de Aquiles, y son precisamente las metálicas -como las persianas de comercios- y las texturadas.

Allí gana el vandalismo, dado que en muchos casos, las tintas y pinturas utilizadas tienen un componente corrosivo, por lo que penetran en los materiales sobre los que se imprimen y hacen más difícil su remoción.

Pareciera oportuno recordar que se habló en todo ese lapso de poner en vigencia un nuevo “código de convivencia”, como espaldarazo para impulsar políticas de prevención y sanción de este tipo de contravenciones y delitos.

En la Comuna local calculan que cada año el vandalismo genera pérdidas equivalentes al costo de más de 800 cámaras de seguridad. Al mismo tiempo son miles los vecinos que, a su costo, se ocupan de restaurar sus frentes agredidos por los grafitis.

Gastos presupuestarios que podrían volcarse hacia finalidades positivas, se deben aplicar, en cambio, para restaurar daños causados por personas irresponsables y desaprensivas.

Al margen de la prevención y del accionar policial que debiera desplegarse para tutelar a estos bienes, surge también con claridad que debieran profundizarse las campañas educativas tendientes a frenar estos desbordes. Sin un mayor nivel de educación cívica en la población será imposible aguardar mejoras.

En el caso de los paseos y lugares públicos, resulta evidente que debe redoblarse la custodia de esos lugares y no sólo prohibir la alternativa de afectar a ese patrimonio común, sino, en su caso, sancionar con el máximo rigor legal previsto a los transgresores. En cuanto a los frentes particulares, debieran aplicarse las sanciones del caso a los infractores y hacerlas públicas, a modo de disuasión.

Debiera ponerse en claro que, cuando se atenta contra el mobiliario, las plazas y paseos públicos no se causa sólo un daño al erario ni se agravia solamente a criterios estéticos, sino que se afecta a la funcionalidad de un espacio de índole común, que por ningún motivo puede verse disminuido o retaceado sistemáticamente a la población.