La oposición presiona por los fondos reservados

La oposición, incluida la llamada dialoguista, presiona para rechazar en el Congreso Nacional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei que destinó 100 mil millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para asignarle gastos de carácter reservado.

Diputados del bloque que preside Miguel Angel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y de la Coalición Cívica (CC) ligado a Elisa Carrió presentaron proyectos para anularlo y ahora están en el trabajo político de sumar voluntades. En el Senado, el radical Pablo Blanco le exigió al oficialismo que reúna a la Comisión Bicameral que se encarga de analizar los de DNU presidenciales para tratarlo.

En la Cámara baja, el proyecto de rechazo a la reasignación de fondos fue presentado el miércoles por Margarita Stolbizer, con respaldo de siete diputados más del bloque de HCF. Pero se están adhiriendo otras firmas. Aseguran que el Poder Ejecutivo está avanzando por fuera de las normas constitucionales y de la ley de administración financiera.

En los fundamentos, los legisladores advierten que Milei está “gobernando en la arbitrariedad y la ilegalidad”, que la flamante SIDE es una “creación unipersonal del Presidente, atribuyéndose funciones al margen de las disposiciones constitucionales”, y que lo más grave tiene que ver justamente con la asignación de fondos millonarios sin ningún tipo de control.

Citan además a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que en su último informe recordó que el decreto (que tiene fuerza de ley) “tiene origen en las disposiciones del artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.

Por su parte, el bloque de la CC presentó otro proyecto, con las firmas de Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López entre otros, para directamente declarar nulo el DNU. Argumento: según sus cálculos, aumenta en un 3.131% el presupuesto para Inteligencia. “El equivalente a más de 350.000 jubilaciones mínimas”, grafican en el texto.

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Y sentencian: “Entendemos que es un DNU que no cumple los requisitos formales, ni sustanciales. Los requisitos formales quedaron incumplidos cuando no se aprecian las circunstancias fácticas de imposibilidad de funcionamiento del Congreso Nacional, los requisitos sustanciales quedan evidenciados frente a la ausencia de razonabilidad al ver que el DNU solo le otorga partidas presupuestarias a los gastos reservados y ni siquiera se ocupa de dotar a la estructura creada de los fondos necesarios para su funcionamiento“.

DEL APOYO AL RECHAZO

Se trata de la misma oposición que, con matices, le aprobó a Milei las fundacionales Leyes Bases y paquete fiscal. Si la Coalición Cívica más todo el bloque de Hacemos Coalición Federal se unifica detrás del rechazo, y además suman a la bancada de Innovación Federal (con legisladores de provincias como Salta, Neuquén, Río Negro y Misiones, con quienes suelen moverse en tándem), podrían alcanzar 31 votos.

Es un número interesante porque junto a los peronistas/kirchneristas de Unión por la Patria, que tienen 99 diputados más y también están en contra del decreto (en realidad, de todo lo que mande el Ejecutivo), pueden alcanzar la mayoría suficiente para votar en contra del DNU en el recinto.

“Los temas vinculados a la Inteligencia Nacional requieren debate, consenso y control parlamentario en tiempo real. Por eso hay que rechazar el DNU 614/2024 que modifica la estructura de Inteligencia y el DNU 656/2024 que sumó 105 millones de dólares para gastos reservados”, sentenció el jefe de bancada de UP, Germán Martínez, cuyo partido hizo y deshizo en esa materia sin que le importara el Congreso durante los sucesivos gobiernos kirchneristas.

También podrían sumarse los 5 legisladores de la Izquierda y al sector de la UCR alineado con Facundo Manes, un puñado de almas.

El decreto puede ser rechazado con mayoría simple si previamente se debatió y dictaminó en la comisión bicameral de DNU. De lo contrario, requiere una mayoría especial de dos tercios. Es un número imposible de alcanzar sin la adhesión del PRO, el espacio que, aún con diferencias, aparece como más cercano al oficialismo.

Así, se abren distintas posibilidades. Una: barajan la viabilidad de votar un emplazamiento a la bicameral para debatirlo. Así, podría luego subirse al recinto. Dos: recurrir a la Ley de DNU que establece que, pasados los 10 días de presentado el decreto, si la Bicameral no lo trató lo puede debatir directamente cualquiera de las cámaras. Los 10 días se cumplen la semana que viene.