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El papa Francisco tomó la inusual decisión de expulsar a 10 personas –un obispo, curas y laicos– de un polémico movimiento religioso en Perú luego de que una investigación del Vaticano descubriera abusos “sádicos” de poder, autoridad y espiritualidad. La medida contra la cúpula del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) surgió luego de que el pontífice decidiera el mes pasado expulsar al fundador del grupo, Luis Figari, después de que se descubrió que había sodomizado a sus seguidores. La decisión fue anunciada por la Conferencia Episcopal Peruana, que colocó un comunicado de la nunciatura vaticana en su sitio web. La declaración fue sorprendente porque enumeró los abusos descubiertos por la investigación del Vaticano que rara vez son castigados canónicamente –como el hackeo de las comunicaciones de alguien–, y citó a las personas que el Papa hizo responsables. Según el comunicado, los investigadores del Vaticano descubrieron abusos físicos “incluso con sadismo y violencia”.
También detectaron abusos de conciencia sectarios, espirituales, de autoridad y económicos en la administración del dinero de la Iglesia y el “abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo”. Este último presuntamente estaba dirigido a una periodista vinculada al Sodalicio que ha atacado a los críticos del movimiento en las redes sociales.
Figari fundó el movimiento en 1971 como una comunidad laica para reclutar “soldados de Dios”, una de varias sociedades católicas nacidas como una reacción conservadora al movimiento de teología de la liberación de tendencia izquierdista que se extendió por América Latina a partir de la década de 1960. En su apogeo, el grupo contaba con unos 20.000 miembros en Sudamérica y Estados Unidos. Tuvo una enorme influencia en Perú.
Las víctimas de los abusos de Figari se quejaron ante la arquidiócesis de Lima en 2011, aunque otras denuncias en su contra datan del año 2000. Pero ni la Iglesia local ni la Santa Sede tomaron medidas concretas hasta que una de las víctimas, Pedro Salinas, escribió un libro junto con la periodista Paola Ugaz en el que detallaba las retorcidas prácticas del Sodalicio en 2015, titulado “Mitad monjes, mitad soldados”.
Una investigación externa ordenada por el Sodalicio determinó que Figari era “un hombre narcisista, paranoico, degradante, vulgar, vengativo, manipulador, racista, sexista, elitista y obsesionado con temas sexuales y con la orientación sexual de los miembros del SVC”.
La investigación, publicada en 2017, descubrió que Figari sodomizaba a sus reclutas y los obligaba a acariciarlo a él y a acariciarse entre sí. Le gustaba verlos “experimentar dolor, incomodidad y miedo”, y los humillaba frente a los demás para mejorar su control sobre ellos, según el informe.
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Aun así, la Santa Sede se negó a expulsar a Figari del movimiento en 2017 y se limitó a ordenarle que viviera apartado de la comunidad del Sodalicio en Roma y cesara todo contacto con ella. Parecía que el Vaticano no sabía qué hacer bajo el derecho canónico, el cual no previó castigos para los fundadores de comunidades religiosas que no eran sacerdotes. Esto causó la indignación de las víctimas.
La investigación fue llevada a cabo por los principales investigadores de delitos sexuales del Vaticano, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y monseñor Jordi Bertomeu, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quienes viajaron a Lima el año pasado para tomar testimonio de las víctimas.
Pero según los hallazgos de la más reciente investigación del Vaticano, los abusos fueron más allá de Figari, e incluyeron el acoso y la intervención de las comunicaciones de sus víctimas, al tiempo que encubrían los delitos cometidos como parte de sus deberes oficiales.
La persona de más alto rango en ser expulsada es el arzobispo José Antonio Eguren, a quien Francisco obligó a renunciar como obispo de Piura en abril por su historial, después de que demandó a Salinas y Ugaz por sus reportajes.
Además de los abusos de Figari, los informes de Salinas y Ugaz sacaron a la luz el presunto desalojo forzoso de campesinos en tierras de la diócesis de Eguren por parte de un promotor inmobiliario vinculado al Sodalicio.
Ugaz recibió con beneplácito la decisión de expulsar a las 10 personas y dijo que la mención del hackeo del Sodalicio se refería a ella: detalló que intervinieron sus comunicaciones en 2023 después de que informó sobre las participaciones en el extranjero del Sodalicio y otros tratos financieros, y cree que el grupo trataba de averiguar sus fuentes.
“Es una demostración que en el Perú, los sobrevivientes nunca hubieran encontrado justicia y reparación (sin Bertomeo y Scicluna) porque el Sodalicio es una organización con mucho poder político, social y económico”, comentó.
En el comunicado, el Vaticano dijo que el papa Francisco y los obispos peruanos, “entristecidos por lo ocurrido, piden perdón a las víctimas” y ruegan “que se inicie un camino de justicia y reparación”.
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