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José Calero
“No hay plata” se ha convertido en una de las frases más simbólicas del gobierno de Javier Milei, quien se regodea de estar llevando a cabo un recorte del gasto público sin precedentes. Pero en el mercado creen que no podrá repetir el nivel de poda de este año, porque las elecciones le pondrán un límite claro. “La gente dejó de comer vidrio hace rato. Algunos aún dicen no comprenderlo, pero no porque les cueste entenderlo, sino porque no les conviene, se les cortaron sus curros”, disparó un ministro que fue uno de los más efusivos en ese encuentro para despedir el año realizado en Olivos.
Milei cree que está construyendo un nuevo clima de época, marcado por la “batalla cultural” a favor de las ideas libertarias, y por eso prometió profundizar el ajuste en este 2025, año electoral, aunque con más sintonía fina. En eso trabaja Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, quien cuenta los días que faltan para cumplir el objetivo. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el organismo no gubernamental dedicado a este tema, en los primeros ocho meses de 2024 el gobierno redujo el gasto público en un 30,1 % interanual, ajustado por inflación: en otras palabras, casi en un tercio.
Si 2024 fue el año en el que se aplicó el ajuste indiscriminado, que incluyó más de 35 mil despidos en la administración pública, en este año el gobierno deberá apelar a la precisión para terminar con más de 3.200 regulaciones. El bisturí está en manos de Sturzenegger. En la mira de la motosierra hay secretarías, subsecretarías, direcciones, fondos nacionales, fideicomisos y numerosos organismos oficiales. También por supuesto empresas públicas que Milei pretende privatizar luego de sanearlas, como es el caso de Aerolíneas Argentinas.
Milei desglosa su visión en tres apartados: “Reflexión empírica”, “Corolario” y “De cara al futuro”. E insiste en atacar a lo que él denomina “la casta” política y financiera, a quienes acusa de ser responsables de la crisis económica.
En el apartado de “Reflexión empírica”, Milei destaca lo que considera sus logros más importantes durante 2024, como el ajuste fiscal del “15% del PIB”. Diez puntos de ese ajuste correspondieron al intento de sanear el balance del Banco Central, que igual generó fuertes obligaciones al Tesoro, por lo que el recorte neto rondó el 5% del Producto Bruto.
Lo impactante de los objetivos de la dupla Milei-Sturzenegger es que están convencidos de poder aplicar este año un ajuste similar, equivalente también a casi cinco puntos del Producto, algo que la mayoría de los especialistas consideran poco probable, teniendo en cuenta que la demanda de recursos irá creciendo a medida que se aproximen las elecciones legislativas de octubre. “Si con este ajuste bajamos de 1.900 a 600 puntos el riesgo país. Con el recorte que pretendemos nos vamos a poner a la par de las naciones del primer mundo en materia de riesgo crediticio, y más teniendo en cuenta que este año vamos a crecer 6%”, razonan en el Ministerio de Economía.
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Según el presidente, el ajuste ha caído en su mayoría sobre la “casta política y financiera”. Pero especialistas coinciden -y así se refleja también en las encuestas-, que la clase media y los jubilados fueron muy afectados por las medidas de recorte en busca de equilibrio fiscal.
La ventaja política para Milei es que un amplio sector social parece haberse convencido de que esta vez el esfuerzo valdrá la pena, y defenestra a Cristina Kirchner, quien sostiene que este gobierno está haciendo un “sacrificio” a la población que no servirá para nada.
Por ejemplo, las jubilaciones sufrieron fuertes pérdidas en la primera mitad del año, mientras que el peso de servicios como gas, agua, electricidad, prepagas y transporte en la canasta de las familias llegó a cuadruplicarse en algunos casos. Según Guido Rangugni, vicepresidente de Asociación de Presupuesto (ASAP), “el principal aporte a la reducción del gasto fueron las jubilaciones, que representan el mayor gasto del Estado”.
El presidente también hace eje en otro foco que lo va llevando al terreno de la polémica con la oposición. Según Milei, en la segunda mitad del año, cuando la inflación se fue calmando, se logró bajar cerca de 20 puntos porcentuales la pobreza, que llegó a un récord del 56% en la primera mitad del 2024. Ahora está en unos 36 puntos, según el gobierno.
Tanto Milei como su hermana Karina, la secretaria de la Presidencia responsable del armado político de La Libertad Avanza, creen que la batalla cultural es clave. “Tenemos que llevar las ideas de la libertad a cada rincón del país. Vamos a lograr que este país salga de la miseria en la que nos han metido. Trabajamos al servicio de una causa noble, verdadera y común, que es tanto más grande que cada uno de nosotros. Una causa por la que vale la pena dejar la vida”, dijo “La Jefe” en su último discurso.
No obstante, el panorama se muestra algo incierto, con una oposición que sigue cuestionando los datos y las políticas del gobierno.
Pero Milei confía en que un triunfo en las legislativas le dé el músculo político necesario para profundizar las reformas y llegar a las de tercera generación.
El gobierno se encamina a cerrar el año fiscal con un resultado que para muchos parecía poco probable. El recorte fiscal habría alcanzado el 5% del Producto Bruto, el más alto de la historia, lo cual se ve reflejado en la tónica positiva dominante en los mercados. El superávit fiscal financiero habría rondado el 2% del PIB, un récord desde el 2007.
Si se tiene en cuenta que en diciembre de 2023 el acumulado había sido de un quebranto de 4,43% del PBI, el gobierno logró revertir el rojo del año pasado y, para ser más convincente con el mercado, le sumó al menos medio punto de superávit fiscal.
Para alcanzar este objetivo se aplicó “motosierra” sobre las jubilaciones, el gasto de capital y las transferencias discrecionales a las provincias. Y en el caso de los jubilados, a lo largo del año se aplicó un recorte de gastos del orden del 30%.
Además, dejó de invertir en casi todas las obras de infraestructura, algo que de no corregirse va a empezar a notarse en un mayor deterioro de rutas, caminos, puertos, energía. Y recortó fondos discrecionales a las provincias en un 70%.
El economista Enrique Szewach elogió la eliminación de organismos ineficientes y la lucha contra la corrupción, pero alertó sobre las dificultades para extender estas políticas a las provincias, responsables de gestionar una parte sustancial del gasto público. “El grueso del gasto público argentino que le llega a la gente lo proveen las provincias”, dijo, al aludir a los presupuestos destinados a educación, salud y justicia.
Advirtió que “basta con recorrer las provincias argentinas para ver rutas destruidas, infraestructura colapsada y servicios deficientes”, lo cual responde a “años de desinversión y mala administración”.
“La motosierra que está poniendo más eficiencia en la administración nacional no se está propagando a las provincias”, alertó Szewach.
Este año el Poder Ejecutivo ha utilizado el mismo presupuesto del año anterior, al que le ha ido aumentando ciertas partidas de manera discrecional a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Un análisis de lo gastado hasta ahora da cuenta de lo profundo que viene siendo el “ajustazo” de Milei.
La premisa de Milei es que, si el Estado Nacional no tiene déficit -es decir, si no tiene más gastos que ingresos, como suele ocurrir-, no tendrá que imprimir dinero para cubrir ese rojo, una emisión que considera la principal causa de que la Argentina tenga la inflación más alta del mundo, por encima del 230% interanual.
Para recortar el gasto y mantener un superávit fiscal (más ingresos que egresos), el gobierno ha otorgado este año aumentos presupuestarios por debajo del nivel de inflación.
Según el análisis de la ASAP, incrementó el presupuesto menos del 134%, mientras que la inflación promedio del año se estima entre 215% y 224%.
Parte de las decisiones de recorte que Sturzenegger la va proponiendo a Milei están vinculadas con “operativos” que él y sus equipos realizan por sorpresa en distintos establecimientos.
Se han topado con cosas sorprendentes: su equipo llega en forma imprevista a distintas reparticiones públicas y pregunta sobre las tareas asignadas.
En no pocos casos se encontraron con personas que ignoran cuál es su función, aunque parezca increíble.
Entre las áreas que están en la mira se anotan varios fondos nacionales destinados a distintas actividades. Uno de ellos es el Fondo Nacional de las Artes, que dependía del Ministerio de Capital Humano pero ahora pasó a Secretaría de la Presidencia. Si por Sturzenegger fuera, ese fondo dejaría de existir. Por ahora, la intención es reducirlo a la mínima expresión. Lo mismo ocurre con otros fondos similares.
Sturzenegger también tiene la mira puesta sobre la procuración penitenciaria, que depende del Congreso, y donde trabajan 500 personas que revisan los maltratos en las cárceles. También se reduciría a la mínima expresión y probablemente pase a la órbita del Ministerio de Seguridad, que capitanea Patricia Bullrich, cada vez más empoderada por Milei.
Por lo que se está observando en estos días, al ministro Sturzenegger pretende avanzar con un bisturí. Funcionarios de su cartera pusieron en marcha un escaneo integral de cada una de las dependencias que forman parte de la Administración Pública Nacional. Eso incluye tanto la que se denomina centralizada, como la descentralizada, y también a los organismos llamados autárquicos.
Por ahora no llegan a las empresas públicas, porque la mayoría dependen de Economía. Aunque este sector se redujo en más de 12.000 puestos.
De acuerdo con el mapa de organismos, ese escaneo ya permitió eliminar cerca de 200 dependencias.
Antes de tomar esas medidas drásticas se evalúa qué hace y para qué sirve la dependencia, cuántos empleados revistan allí y qué presupuesto insumió en 2024.
“El objetivo es terminar con la mayoría de los kioscos que dejaron 20 años de kirchnerismo. Y sabemos que la sociedad nos acompaña en esa cruzada”, explican cerca de Sturzenegger.
Por eso, existen fuertes presiones a los responsables de área para que explique cuál es la actividad del organismo, qué hacen los empleados y qué habilidades tienen.
Esto se complementa con la orden que llegó a todo el Estado de que las personas que están en edad adecuada deben iniciar el trámite de jubilación.
Por este proceso ya se dieron de baja casi 36.000 puestos, de los cuales 12.000 ocurrieron en las empresas públicas.
A esto se suman, por ahora, unos 600 empleados que fueron bochados en el examen de idoneidad.
Además, se conocieron las nuevas restricciones para sumar incorporaciones a la administración pública nacional.
Uno de los requisitos que deberá cumplir el área que solicita sumar un empleado es que previamente se haya dado de baja a tres personas. El “tres por uno”.
Si bien toda la administración pública está bajo escrutinio del ministerio de Desregulación, hay áreas que podrían sufrir modificaciones en el corto plazo, en el entendimiento de que el Estado Nacional debe retirarse de áreas y acciones que puedan ser cubiertas por provincias o municipios.
La obra pública fue la primera consecuencia de esta definición.
Este año, planes de vivienda, transporte y diversos fideicomisos correrían la misma suerte. (NA)
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