El FBI de Milei y una polémica abierta

Redacción AP

El presidente argentino Javier Milei lanzó una reforma en la policía federal, que emula al FBI estadounidense y que permitirá que se hagan detenciones o tareas de espionaje digital sin autorización judicial. El gobierno justificó la propuesta en atención a los reclamos sociales de mayor seguridad en el país, pero ha puesto en alerta a organismos de derechos humanos.

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“Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, dijo el mandatario durante un acto en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el mismo momento que la Justicia le notificaba a la expresidenta Cristina Kirchner la prisión domiciliaria.

Al referirse al modelo que inspira este cambio de paradigma, Milei remarcó que “vamos a aprender de los mejores, vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”. La reforma policial fue dictada por decreto de Milei y está en marcha tras su publicación en el Boletín Oficial.

Si bien las estadísticas de criminalidad en Argentina no están entre las más altas de la región, la población tiene especial sensibilidad ante los hechos de inseguridad, a tal punto que el tema figura entre las principales preocupaciones de los argentinos.

La presentación, además, coincide con la campaña para las elecciones legislativas de octubre, en las que Milei buscará aumentar la presencia de legisladores oficialistas en el Congreso para avanzar en reformas más profundas.

La reforma policial contempla la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y una actualización de la carta orgánica de la fuerza vigente desde 1944, que ya ha generado cuestionamientos.

A partir de ahora, la policía federal podrá detener personas sin orden judicial “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”. El plazo máximo es de 10 horas.