Régimen penal juvenil: paso en falso del Gobierno

A dos días de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió retirar el proyecto de baja de la edad de imputabilidad que había enviado el lunes al Congreso. El texto establecía un piso de 13 años, pero no reflejaba el consenso alcanzado previamente con sectores de la oposición en ambas cámaras.

Desde el oficialismo señalaron que se trató de un error administrativo y confirmaron que continuará en tratamiento un proyecto alternativo que ya contemplaba las sugerencias opositoras. La nueva versión fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años, establece el origen de los fondos para su aplicación y reduce la pena máxima para menores de 20 a 15 años.

Fuentes del bloque de La Libertad Avanza aseguraron que el objetivo se mantiene: obtener dictamen en comisión y sesionar esta misma semana.

El oficialismo trabaja en la conformación de las comisiones clave que deben tratar la iniciativa. La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes quedará presidida por la diputada María Gabriela Flores (LLA), mientras que la Comisión de Justicia estará a cargo del mendocino Álvaro Martínez (LLA).

La reunión conjunta de comisiones fue convocada para hoy a las 11, con participación de Familias, Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La sesión en el recinto de Diputados está prevista para el jueves a la misma hora.

Financiamiento y obras

Uno de los cambios incorporados a pedido de la oposición es la explicitación de las partidas presupuestarias necesarias para implementar la reforma, estimadas en $23.739 millones. Los fondos se distribuirán entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

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El proyecto también habilita acuerdos entre la Nación y las provincias para financiar la construcción de nuevas instalaciones destinadas al régimen penal juvenil, un punto negociado entre el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista en Diputados.

Aunque algunos sectores del oficialismo impulsaban un piso de 13 años, aliados como el PRO y la UCR sostuvieron la necesidad de fijarlo en 14. Ese criterio terminó imponiéndose en la redacción final. La iniciativa mantiene la lógica del régimen debatido en 2024: penas diferenciadas respecto del sistema penal adulto y prohibición de prisión perpetua para menores.

Penas y enfoque del sistema

El texto establece una pena máxima de 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. En la versión anterior el límite era de 20 años.

El proyecto combina sanciones con un enfoque de resocialización. Para menores de hasta 15 años acusados de delitos graves, los jueces podrán dictar privación de libertad, aunque la reinserción social deberá ser prioritaria. En delitos menores se prevén sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias y reparación del daño.

La iniciativa propone la creación de institutos especiales para menores condenados, con acceso garantizado a educación, atención médica y tratamientos por adicciones, bajo supervisión de personal especializado. También prohíbe la convivencia entre menores y adultos detenidos.

El texto refuerza derechos procesales: patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser oídos en cada etapa judicial. Estos puntos, que habían generado discusión presupuestaria, ahora cuentan con financiamiento específico dentro del proyecto.