Desvíos, sociedades fantasma y cuevas: cómo la AFA de Chiqui Tapia "manchaba" la pelota

La reconstrucción de la ruta del dinero de la AFA vinculada a transferencias provenientes del exterior habría terminado en desvíos hacia testaferros, sociedades pantalla y bienes de alto valor, en el marco de una operatoria multimillonaria bajo análisis judicial. Según la documentación relevada por Clarín, la Asociación del Fútbol Argentino canalizó pagos de contratos de patrocinio, premios y otros ingresos generados principalmente por la Selección a través de al menos seis agentes comerciales en el exterior, que en conjunto habrían manejado más de 300 millones de dólares. Entre las firmas involucradas figuran TourProdEnter LLC, Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Torneos y Competencias SA y Global FC LLC.

El mecanismo se apoyaba en el argumento del cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo para justificar que los cobros se realizaran fuera del país. TourProdEnter LLC, propiedad de Javier Faroni y Érica Gillette, recibió más de 260 millones de dólares depositados en cuentas de bancos estadounidenses, mientras que Odeoma Gestión SL, controlada por Fabián Marcelo Ramón Saracco en España, canalizó transferencias por más de 30 millones de dólares. En varios contratos, Odeoma actuó como representante comercial de la AFA, cobraba el total de los ingresos, retenía cerca del 30 por ciento como comisión y transfería el 70 por ciento restante a la entidad.

La operatoria comenzaba con la emisión de facturas por supuestos servicios prestados por sociedades que, en muchos casos, solo existían en los papeles. Gran parte de esa documentación era confeccionada por el abogado Juan Carlos Beacon, exdirigente del Consejo Federal de la AFA y cercano a Pablo Toviggino, tesorero de la institución. Beacon enviaba las facturas a Saracco, quien respondía en nombre de varias empresas fantasma creadas por él mismo, con correos electrónicos genéricos y estructuras societarias opacas.

Una vez procesadas las facturas, Saracco coordinaba con el financista Fabián Adolfo Krunfli, quien operaba desde oficinas ubicadas en la avenida Corrientes al 400. De acuerdo con los documentos citados por Clarín, el dinero se transfería al exterior a cuentas vinculadas a Krunfli y luego regresaba al país en efectivo, a través de entregas presenciales. Beacon coordinaba la recepción de los fondos, que eran transportados con frecuencia semanal, incluso mediante mensajeros en auto, moto o monopatín, y recibidos en oficinas del centro porteño.

El reparto de comisiones alcanzaba a varios eslabones de la cadena. Saracco, Beacon y Krunfli retenían porcentajes de cada movimiento, con tasas que rondaban entre el 2,5 y el 3 por ciento. Parte del dinero habría sido canalizada a través de Recomi SA, una sociedad dedicada formalmente a servicios de procesamiento de pagos, que desde 2022 comenzó a facturarle mensualmente a la AFA por supuestos asesoramientos. Beacon figura como beneficiario final de esa firma según registros de la Inspección General de Justicia.

Otra pieza central fue Malte SRL, relacionada con Beacon y vinculada a Pablo Toviggino. Según fuentes citadas por Clarín, el efectivo recibido era trasladado a un domicilio asociado a esa empresa y parte de los fondos habría terminado en la adquisición de automóviles y otros bienes de lujo detectados en una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar. Esa propiedad quedó bajo la lupa por la presunta utilización de testaferros para ocultar a los beneficiarios reales.

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Entre las sociedades de papel utilizadas aparece Dicetel Corp, que recibió alrededor de 4,9 millones de dólares provenientes de TourProdEnter LLC por conceptos genéricos como cursos de gestión o servicios logísticos. Los documentos de esa empresa muestran facturas duplicadas con igual numeración, fecha y montos, variando solo la descripción del servicio. Tras el cambio de gobierno en 2023, Dicetel fue disuelta en Miami, lo que sumó sospechas sobre su rol en la operatoria.

La reconstrucción periodística de Clarín se basó en contratos, balances, facturas, registros bancarios, boletines oficiales y documentación presentada ante la IGJ, además de fuentes internas de la AFA. La Justicia continúa analizando los movimientos iniciados formalmente en 2021, con antecedentes desde 2018, en una causa que investiga posibles delitos vinculados al lavado de dinero, uso de sociedades fantasma, facturación apócrifa y desvío de fondos provenientes del exterior que originalmente estaban destinados a la entidad madre del fútbol argentino (qpaso.ar).