Evacuaron a 600 personas por amenaza de bomba en la UNQ y la Justicia intervino

La Justicia Federal ordenó la evacuación de urgencia de la Universidad Nacional de Quilmes este jueves por la tarde debido a una nueva amenaza de bomba en la sede de Bernal. El operativo de seguridad involucró a los Bomberos Voluntarios de Bernal, al personal de Defensa Civil y a los peritos en explosivos. Las autoridades policiales activaron el protocolo de emergencia tras un llamado anónimo que puso en alerta a toda la zona. Los especialistas realizaron un rastrillaje exhaustivo en el predio para descartar la presencia de cualquier artefacto peligroso.

Unas 600 personas abandonaron las instalaciones de forma inmediata. La cifra incluyó a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la casa de altos estudios. La fiscalía de turno tomó el control del caso y exigió el desalojo total del edificio para garantizar la integridad de los presentes. Algunos directivos universitarios intentaron evitar la interrupción de las clases en un primer momento. Sin embargo, la resolución judicial no permitió excepciones y forzó la salida de toda la comunidad académica a la calle.

Esta situación representó el segundo episodio de similares características en los últimos días. La repetición de los incidentes provocó una profunda preocupación entre los vecinos de Bernal. Los peritos terminaron su inspección cerca de las 18 horas. Los resultados confirmaron que el alerta resultó ser una falsa alarma. Las actividades académicas recuperaron su ritmo normal una vez que los efectivos de seguridad liberaron el acceso a los portones principales.

Los Bomberos Voluntarios de Bernal manifestaron su malestar a través de un comunicado oficial en redes sociales. El texto advirtió que estas falsas amenazas no constituyen una broma. El cuerpo de rescate remarcó que cada salida moviliza recursos públicos valiosos de manera innecesaria. El personal especializado corre riesgos injustificados durante los traslados de emergencia por la ciudad. Los efectivos subrayaron que la sociedad necesita mayor educación y compromiso para denunciar a los responsables de estos delitos.

La justicia local investiga ahora el origen de las comunicaciones telefónicas. Los autores de estos hechos enfrentan causas penales por intimidación pública. El municipio de Quilmes y las fuerzas de seguridad buscan frenar esta ola de falsas alertas que afecta al sistema educativo. El compromiso ciudadano aparece como la única herramienta eficaz para prevenir este tipo de conflictos que alteran la paz en el distrito.