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Por MARTIN TETAZ (*)
 
            Los sueldos, el desempleo y la precarización
Twitter: @martintetaz
Paul Samuelson fue un economista brillante. El “Keynes” norteamericano, como algunas veces se lo llama, es en realidad uno de los padres intelectuales de la síntesis neoclásica-keynesiana; una familia de modelos económicos que partiendo de los postulados generales de los neoclásicos, incorporan las nociones macroeconómicas de los keynesianos.
Para muchos, ese apellido es el nombre del libro de Economía de los cursos de introducción, con el que tantos como yo aprendimos las primeras nociones de la ciencia de lo escaso. Pero la lección principal de este Premio Nobel, para los no economistas, se sintetiza en una frase brillante. Con la enorme capacidad didáctica que lo caracterizaba y en medio de debates, a veces jugosos, pero otras veces estériles, Samuelson dijo: “En Economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias”.
En un mundo idealmente competitivo, cada uno es remunerado de acuerdo a su contribución al proceso productivo. Los economistas llamamos a ese aporte, valor del producto marginal, para referirnos al monto de dinero que se consigue en el mercado por la producción que agrega un nuevo trabajador. Ese valor obviamente depende de cuan productivo sea ese laburante, y de que es lo que produce, porque, así como no es igual la productividad de un mecánico experimentado, que la de un aprendiz, tampoco resulta comparable lo que se puede obtener por la venta de un motor de un auto de calle, en comparación con lo que vale el mismo mecanismo de un fórmula uno.
Esto que es fácil de comprender en el terreno de los bienes materiales, no resulta tan claro en el mundo de los servicios, porque ¿cómo sabemos cuánto vale el aporte del cajero de un supermercado, del oficial de cuentas corrientes de un banco o del pibe que empieza limpiando en una cadena de hamburguesas? En estos casos, lo que ocurre es que los salarios normalmente guardan relación con la productividad alternativa que tendría ese trabajador si se dedicara a producir bienes físicos. Por eso el trabajador de McDonald’s en Estados Unidos gana 9,25 dólares y el que hace exactamente la misma tarea en nuestro país gana prácticamente una tercera parte.
Pero claro, el problema es que el mercado laboral es mucho más complejo que esta idealización de libro de texto y entonces los salarios pueden separarse de la productividad si alguna de las partes tiene poder de mercado, ya sea por ejemplo el caso de un sindicato fuerte que consigue que a sus representados les paguen por encima de lo que vale su trabajo, o el de una patronal que explota a su favor la falta de competencia.
Cuando un trabajador está recibiendo un salario que está por debajo del valor de su aporte a la empresa, el que contrata lo está explotando y cualquier regulación que eleve esa paga, mejora la situación del laburante, aumentando al mismo tiempo la producción de la empresa y el bienestar social.
Pero cuando una regulación laboral obliga a pagar por encima de la productividad, el resultado es una contracción del empleo, porque nadie va a pagar $100, por algo que solo le suma $80. Entonces como ningún empresario contratará factores productivos para perder dinero, lo que ocurrirá, y a este tipo de cosas se refería Samuelson, es que aumentará el desempleo en todas las regiones de productividad más baja que el salario mínimo, y en todos los sectores con trabajadores poco calificados. No es casualidad, que según el último informe del INDEC el desempleo sea en promedio del 9,3% de la población activa, pero se eleve al 18,9% para los menores de 29 años, como tampoco es fortuito que según un estudio del CIPPEC, las provincias de menor productividad (menos PBG per cápita) estén entre las que mayor porcentaje de empleo público tienen.
Esta semana la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo bochó el convenio entre el Gobierno y la multinacional de los arcos dorados, que le permitía a la empresa contratar a jóvenes de sectores vulnerables por un salario de 4.500 pesos, más cobertura de salud, a cambio de una jornada de “capacitación” de 30 horas semanales. La Justicia entendió que el convenio ponía en riesgo los derechos de los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y aunque eso es comprensible y probablemente correcto desde el punto de vista legal, la pregunta es si no es más riesgoso que estos jóvenes y tantos otros que están en la misma situación, como consecuencia del fallo, acaben desempleados.
Me pregunto si no habrá llegado la hora de modernizar la legislación laboral, para que, por ejemplo, los niveles de salarios mínimos puedan variar de región en región o en función de la calificación del trabajador. Porque no tiene sentido que exista un salario mínimo uniforme, cuando los salarios más bajos de Santa Cruz, son superiores a los más altos de Santiago del Estero
Por otro lado, ¿qué diría la Justicia de todos los planes de empleo de los Municipios, o Provincias que con la figura de “Cooperativas” también le dan trabajo a sectores vulnerables, pagando por debajo del salario mínimo o sin garantizar salud, seguridad social y demás derechos?
Me pregunto si no habrá llegado la hora de modernizar la legislación laboral, para que, por ejemplo, los niveles de salarios mínimos puedan variar de región en región o en función de la calificación del trabajador. Porque no tiene sentido que exista un salario mínimo uniforme, cuando los salarios más bajos de Santa Cruz, son superiores a los más altos de Santiago del Estero y los profesionales con trayectoria que menos ganan, obviamente se llevan más dinero que aquellos jóvenes que ni siquiera completaron el secundario.
Comprendo la preocupación de que el salario no sea suficiente, pero menos suficiente es no ganar nada, por culpa del desempleo. Además, los bajos ingresos producto del empleo de baja productividad, se pueden complementar con un rediseño del impuesto a las ganancias que lo haga verdaderamente progresivo, cobrando más a los que más ganan y subsidiando a los que están por debajo del mínimo.
Por supuesto, se puede estar en contra de mi propuesta, pero lo que no se puede hacer es evitar las consecuencias, en la forma de un mayor desempleo de aquellos a los que la norma supuestamente busca proteger.
(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) y autor de "Casual Mente" y "Psychonomics"
 
                    
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