Con divisiones en el oficialismo, el Senado aprobó Policía Judicial

Tras una dura pulseada que reavivó los enfrentamientos internos en el bloque del oficialismo entre legisladores sciolistas y kirchneristas y que obligó a aplicar modificaciones de última hora al texto de la ley, el Senado bonaerense aprobó ayer por unanimidad el proyecto para la creación de la Policía Judicial, una fuerza integrada por civiles que dará asistencia técnica y científica en la investigación de delitos.

La iniciativa fue girada inmediatamente a la Cámara de Diputados, donde tendría sanción definitiva en las próximas semanas.

El proyecto por el cual se crea el cuerpo de Investigadores Judiciales que el gobernador Daniel Scioli envió a la Legislatura a principios de año fue aprobado ayer en el Senado en un trámite que enfrentó, por un lado, a los representantes del sciolismo y a buena parte de la oposición, y por el otro a los legisladores del kirchnerismo encabezados por el vicegobernador Gabriel Mariotto.

En esa pulseada, los legisladores que reportan directamente a la Gobernación y los opositores lograron imponer su criterio para eliminar del texto de la norma un artículo por el cual se establecía que la designación de autoridades de la fuerza debería contar con aval del Senado.

Las diferencias en torno a este y otros aspectos de la norma no habían logrado ser superadas en el extenso proceso de debate al que fue sometido el proyecto por decisión de Mariotto, que impulsó foros de discusión en todas las regiones de la Provincia.

Los legisladores del sciolismo enrolados en la agrupación La Juan Domingo, con Alberto De Fazio a la cabeza, rechazaron de plano esa cláusula por considerar que haría extremadamente complejo el proceso de designación de autoridades. En ese marco, lograron la adhesión de bancadas opositoras, por lo que ayer, en plena sesión, la titular de la bancada oficial, la kirchnerista Cristina Fioramonti, pidió un cuarto intermedio para volver a discutir ese punto.

tenso debate

El debate, en pleno recinto, tuvo momentos de tensión. Según fuentes del sciolismo y la oposición, el senador de La Cámpora Santiago Carreras afirmó que si el proyecto no incluía esta cláusula de aval legislativo al nombramiento de la cúpula de la Policía Judicial, el kirchnerismo no acompañaría el Presupuesto 2013 que ingresó ayer a Diputados.

Tras un largo debate, el kirchnerismo debió ceder y modificar el artículo discutido, cambiando el aval del Senado por una “entrevista pública” en la Legislatura, una vez que la Suprema Corte haya designado a las autoridades. Una modalidad similar debió adoptar semanas atrás en el debate por el nuevo mecanismo para la designación del Fiscal de Estado, al pasar de la audiencia pública a una “reunión” con el candidato propuesto por el Ejecutivo.

El kirchnerismo se mostraba anoche, no obstante, “conforme” con el texto que al final aprobó el Senado, afirmando que el requisito de entrevista pública de los candidatos que se incorporó “es tan importante como el acuerdo del Senado” que impulsaba el sector.

En ese sentido, la jefa del bloque FpV, Cristina Fioramonti, en línea con el criterio de Mariotto, defendió la idea original. “Creemos que el requisito de un acuerdo del Senado para la designación de los funcionarios de la Policía Judicial no hubiese violado en absoluto la Constitución” y subrayó que “el ánimo de imponer esa condición tenía que ver con sacar el anclaje que muchas instituciones de la Provincia tienen en el siglo XX y llevarlas al XXI, ni siquiera al futuro, sino al presente”.

“En definitiva, queríamos que hubiera algún tipo de participación ciudadana, y creemos que con el requisito que se incluyó está garantizada”, afirmó Fioramonti.

El proyecto aprobado finalmente crea el cuerpo de Investigadores Judiciales que dependerá orgánicamente de la Procuración General de la Suprema Corte, integrado por civiles sin armas que deberán aprobar un curso de especialización y que intervendrán en casos de delitos complejos o que hayan sido cometidos por funcionarios o miembros de fuerzas de seguridad o cuando los fiscales lo requieran.

A partir de su puesta en marcha, la nueva fuerza desplazará en esa tarea a la Policía Bonaerense, que recibió fuertes cuestionamientos en el último tiempo por su intervención en casos como el del crimen de la pequeña Candela Rodríguez.

Más allá del debate por la designación de las autoridades, se modificaron las “competencias” de la fuerza, detalladas en el artículo 4, y a través de una cláusula transitoria, al permitir que se amplíe “gradualmente a otros delitos”, a criterio de la Procuración.

También hubo una modificación del artículo que enumera las “incompatibilidades e inhabilidades” para formar parte del Cuerpo de investigaciones. En ese marco, se estableció que las causales serán “haber sido excluido de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas”.

El proyecto da un plazo de 6 meses -a partir de la aprobación legislativa- para que el Ejecutivo nombre a las autoridades de la fuerza, y establece que la prueba piloto se realice a partir de 2013 en el departamento de Mar del Plata.