Declaraciones Juradas: quieren extender la obligación a los jueces

El proyecto de ley para obligar a funcionarios a hacer públicas sus declaraciones juradas, que comenzó a debatirse en la Legislatura bonaerense en las últimas semanas, también podría incluir a los magistrados de la Provincia, a quienes se haría extensiva la disposición. Así surgió de la discusión en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado bonaerense, que debe dar despacho a la iniciativa.

El proyecto fue enviado a esa cámara a mediados del mes de marzo por la gobernadora María Eugenia Vidal, quien antes había dispuesto la medida por decreto, pero que luego buscó que tenga aval legislativo. La intención del oficialismo es llevarla al recinto en la sesión prevista para el próximo jueves, para lo que ya cuenta con el aval de sus aliados del Frente Renovador. Pero en el marco de la discusión en comisiones, surgieron algunas propuestas de la oposición que ahora deberán ser analizadas.

De acuerdo a la iniciativa que podría ser tratada en el Senado la semana próxima, la obligatoriedad alcanza a la gobernadora y al vicegobernador, así como también a los ministros, directores, comisarios y subcomisarios de la Policía Bonaerense y personal de igual rango del Servicio Penitenciario.

La norma también incluye al Fiscal de Estado y miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo, al personal Superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, como así también al personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, participe en licitaciones y concursos; y esté encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad.

Al ingresar la norma a la Cámara de Senadores, desde el Frente Renovador anunciaron que buscarían ampliar la obligatoriedad a diputados y senadores, una propuesta que quedará plasmada en el despacho final de la norma, según se acordó la semana pasada, igual que para intendentes y concejales, a quien se sugerirá que repliquen la medida.

Pero, además, la intención es que la disposición se haga extensiva a los magistrados, un sector que no había sido contemplado en la redacción original. En el proyecto que mandó Vidal al Senado sólo se “invitaba” a los representantes del Poder Judicial y Legislativo a adherir a la norma, sin obligación.

Quienes motorizan esa inclusión son legisladores peronistas. De hecho, la propuesta fue llevada por los senadores Patricio García y Alejandro Urdampilleta.

En el oficialismo, el tema está en análisis. Y no se descarta la posibilidad de darle carácter obligatorio

En el texto de la iniciativa enviada por Vidal a las cámaras se destaca que las declaraciones juradas “se presentan como una herramienta esencial para transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública, como fuente de autoridad y ejemplaridad social”.

En ese marco, también se recuerda que un decreto del año 1980 establece la obligatoriedad de presentarlas. Pero que, “para cumplir con la finalidad de la transparencia, es preciso que sean públicas”, tal como lo dispone el nuevo proyecto de ley del Ejecutivo.

ETICA PUBLICA

En tanto, en el encuentro de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, los representantes de bloques opositores como el PJ y el Frente Renovador plantearon la necesidad de que, junto con el proyecto de Declaraciones Juradas, también se trate la semana que viene la denominada “Ley de Etica Pública”, una iniciativa que había sido impulsada en 2013 por el ex vicegobernador Gabriel Mariotto en el marco de la polémica abierta entonces entre Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli por los bienes del ex gobernador.

La norma fue aprobada en el Senado y girada a la Cámara de Diputados, donde sin embargo nunca logró avanzar y en la actualidad perdió estado parlamentario.

La idea de la oposición ahora es reflotar el proyecto, que entre otras medidas dispone la creación de un Tribunal Social de Responsabilidad Política, una figura similar a la de la Oficina Anticorrupción.

Según el proyecto original, el Tribunal Social de Responsabilidad Política deberá garantizar la efectividad de la ley y controlar la conducta de los funcionarios públicos en el desempeño de su función.

La iniciativa que ahora se busca reflotar también determinaba que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, con motivo del desempeño de sus funciones.