La Provincia prepara apelación del fallo que frena aumentos de luz

El gobierno provincial ya prepara la apelación al fallo que frenó el aumento de tarifas de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. 

Así lo adelantaron fuentes oficiales, quienes señalaron que ya se trabaja en el recurso para solicitar al tribunal superior que revise la decisión tomada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Federico Arias, quien hizo lugar a la medida  cautelar presentada por el colectivo Acción en la Subalternidad, contra una resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, que aumentó las tarifas eléctricas entre un 100 y un 215%.

La resolución de Arias, adoptada “en virtud de no haberse celebrado la correspondiente audiencia pública” con anterioridad a la aprobación del nuevo cuadro tarifario, podría ser el inicio de un prolongado e intrincado proceso judicial. 

El propio Arias, se sabe, interviene en un litigio de similares características que comenzó en 2012 cuando suspendió un tarifazo de Absa al hace lugar a una medida cautelar. En ese litigio, según dispuso el año pasado la Suprema Corte bonaerense, la empresa estatal deberá restituir a los usuarios damnificados el tarifazo aplicado una vez concluido el proceso para dirimir la forma de restitución del dinero con la intervención de todas las partes involucradas en la controversia judicial.

En tanto, el juez Arias, advirtió hoy que su medida fue dictada por el "plazo de dos años". El magistrado, además, confirmó que su determinación respondió  a la "ausencia de audiencia pública"antes de la aplicación del incremento. "Hemos establecido un plazo de dos años de esta medida, porque es lo que suponemos que es lo que va a durar el juicio hasta que se dicte sentencia", alertó.

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El juez confirmó hoy que su sentencia fue emitida contra "el cuadro tarifario aprobado por la Provincia de Buenos Aires, a través de la resolución 22 del ministerio de Infraestructura, que abarca a las empresas EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, excluyendo a las distribuidoras EDENOR y EDESUR, que son federales".

Consultado sobre el motivo de su fallo, ratificó que respondió a "la ausencia de audiencia pública antes del aumento del cuadro tarifario". "La audiencia pública es un requisito indispensable para cumplir el derecho de información veraz que tiene el usuario. Es una cuestión de un requisito formal, no estamos analizando la razonabilidad de la tarifa", concluyó.