Tras el video una de las monjas quedó bajo sospecha

El juez federal Daniel Rafecas citó para hoy a los policías bonaerenses que detuvieron a José López para que cuenten cómo actuaron las monjas cuando el ex funcionario K fue al monasterio de General Rodríguez a dejarles bolsos con millones de dólares, luego de que el fiscal Federico Delgado pidió que convoque a una de las religiosas que recibió uno de esos equipajes, a la mujer del ex secretario de Obras Públicas y a dos supuestos testaferros.

Fuentes judiciales indicaron que Rafecas quiere que, a través de la ampliación de su declaración testimonial, los seis oficiales le brinden detalles sobre el papel de las monjas, especialmente a partir de las nuevas imágenes difundidas por Telefé, donde se ve a una de ellas recibiendo bolsos en el convento.

En tanto, Delgado pidió las indagatorias de esa monja, de la esposa de López, María Amalia Díaz, y de Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, señalados como presuntos testaferros del ex funcionario.

El requerimiento a Rafecas se formuló en la causa donde López está procesado por “enriquecimiento ilícito”, y tras su arresto en la casa religiosa cuando intentaba ocultar múltiples fajos de dinero, costosos relojes y un fusil.

POSIBLE COMPLICIDAD

“Tres personas ingresaron al proceso desde hace tiempo por sospechas de complicidad con el enriquecimiento ilícito de José López”, dijo Delgado en su dictamen. Allí especificó que “se trata de María Amalia Díaz, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez”.

“Las dos restantes irrumpieron la noche del 14 de junio. Se trata de Alba Día de España Martínez Fernández (conocida como “Madre Alba”, de 94 años) y Celia Inés Aparicio (conocida como “Hermana Inés”, más joven), quienes colaboraron con López para ocultar los rastros del delito”, sostuvo el fiscal.

El dictamen evaluó un “relevamiento del tráfico de llamadas” telefónicas que detectó 22 conversaciones entre López y Díaz “entre el mediodía del 13 de junio y la madrugada del 14 de junio”, cuando se produjo la detención.

LLAMADAS ENTRE LA ESPOSA Y LA MADRE ALBA

“Hubo un contacto fluido -tanto personal como telefónico- entre ambos las horas previas a la detención de López y también cuando éste ocultó el dinero. Esto quiere decir que Díaz estaba al tanto que su marido intentaría borrar pruebas de su enriquecimiento espurio”, reflexionó el fiscal Delgado.

Pero además, puso la lupa sobre otro hecho: “En pleno raid de López en miras a ocultar los millones de dólares que tenía, su mujer entabló varias conversaciones telefónicas con la Madre Alba”.

“Esos contactos (en total fueron 11), en apariencia inocuos, adquieren preponderancia porque la Madre Alba no sólo vivía en el monasterio ‘Nuestra Señora de Fátima’ de General Rodríguez sino se encontraba a su cargo. Es decir, era responsable del lugar elegido por López para esconder su botín”, añade el dictamen.

Para el fiscal, “las monjas no se limitaron a monitorear la llegada de López al convento, también lo recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centímetros de la puerta había un fusil apoyado en el piso de la galería”.

¿TESTAFERROS?

De Galera y Gutiérrez, dijo, figuran como “los propietarios aparentes de la casa de Dique Luján”, atribuida a López.

“Algunos elementos permiten sospechar que Galera habría operado como ‘contacto’ en el ministerio de Planificación para las licitaciones de obra pública direccionadas”, acusó el fiscal. Esa cartera era dirigida entonces por Julio De Vido, procesado e imputado en otras causas, como por ejemplo la tragedia de Once y la compra de trenes en desuso a España y Portugal.

Gutiérrez, por su parte, “es dueño del Grupo Farallón, empresa que intervino en la construcción de viviendas del Plan Procrear en Tigre y San Nicolás y en la pavimentación de la ruta provincial 41, proyectos que estuvieron bajo la órbita de López”, quien era el número dos de De Vido en estructura ministerial.

“Todo confluye en López”, concluyó el fiscal.