El juez en lo penal económico Diego Amarante allanó ayer la casa del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en el partido bonaerense de Tigre, en busca de un expediente que tramitó la importación de un vehículo sin pago de impuestos para un diplomático de manera supuestamente irregular.
En el operativo, encomendado a Prefectura Naval, no se encontró el expediente pero sí hubo secuestro de “registros informáticos” que serán analizados, explicaron fuentes judiciales.
Durante el procedimiento estuvo presente el ex titular de la AFIP, consignaron fuentes judiciales.
Los efectivos de Prefectura ingresaron a la vivienda del barrio “Talar del Lago I” en Tigre con la orden del juez que indagó a Echegaray el 19 de diciembre pasado en la causa que lo investiga por contrabando agravado de los autos de alta gama con franquicia diplomática.
En concreto, el juez quería encontrar un expediente faltante en la Aduana que comandó Echegaray referido a la importación con patente diplomática de un auto para un representante taiwanés en el país.
Al ser indagado en la causa, Echegaray habló ante el magistrado y sostuvo que el trámite fue válido legalmente.
La importación con franquicia diplomática se otorgó porque los representantes comerciales de Taiwán tienen rango diplomático con un convenio de reciprocidad, pese a que en el país no hay embajador, sostuvieron fuentes de su defensa. El juez Amarante debe resolver la situación procesal de Echegaray en la causa.
Esta causa judicial no es la única que lo tiene como uno de los principales investigados. Echegaray, además, está imputado en la causa Ciccone 2, a cargo del juez federal Ariel Lijo. Otro magistrado, Sergio Torres, lo procesó por negociaciones incompatibles y defraudación en un expediente en el que se investiga el presunto pago de sobreprecios en la contratación del servicio de limpieza de la AFIP. En tanto, hace más de un mes la Cámara Federal confirmó su procesamiento por falso testimonio. Echegaray también está acusado de favorecer a Ciccone para permitir el salvataje y la posterior compra de la fábrica de billetes por parte de The Old Fund. También, está sospechado de haber permitido que OIL Combustibles, la compañía de Cristóbal López y Fabián de Sousa, tenga una deuda fiscal de 8.000 millones.
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