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En la “ruta del dinero K”, la Cámara reclamó profundizar la investigación sobre Cristina
Varias complicaciones se sumaron ayer en la Justicia para la ex presidenta Cristina Fernández y varios ex funcionarios kirchneristas.
En primer lugar, la Cámara Federal porteña ordenó ayer al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan que profundicen la búsqueda de pruebas para resolver un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que la ex presidenta Cristina Fernández y el ex ministro de Planificación Julio De Vido -que ayer fue citado a los tribunales por otra causa, ver aparte- sean citados a indagatoria por lavado de dinero.
La UIF informó que la medida fue dispuesta por la Sala II de la Cámara ante un recurso que presentó para “cuestionar la validez de la resolución del juez Casanello que no hizo lugar al pedido de indagatorias a Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner y Jorge Ernesto Bringas” en la causa que investiga a Lázaro Báez y a su entorno por lavado de dinero en la llamada causa “ruta del dinero K”.
El juez, se explicó, fundamentó su negativa en que “el pedido no describía conductas ni pruebas y también porque el delito de asociación ilícita ya está siendo investigado por el juez Julián Ercolini”.
Según la Cámara, “es altamente improbable que esas ganancias ilícitas pertenezcan exclusivamente al patrimonio de la familia Báez y las hipótesis pesquisadas en las causas conocidas como la denuncia original por el delito de ‘asociación ilícita’ promovida por la diputada Elisa Carrió, la denuncia de ‘Vialidad Nacional’, ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur’, respectivamente, claramente así lo indican”.
Por ello, explicó la UIF, la Cámara “recomendó que es momento que el juez Casanello y el fiscal Marijuan encaminen la encuesta -también con la necesaria colaboración efectiva de la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la Administración Federal de Ingresos Públicos- de manera que la respuesta al pedido de indagatoria fluya de la causa y no que, como en esta ocasión, derive de la omisión y por no haber sido investigado”.
Mientras, la Cámara Federal porteña resolvió adjudicar la causa contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de la voladura de la AMIA al juez federal Claudio Bonadio, que ya procesó dos veces a la ex mandataria y la mandó a juicio oral.
Fuentes judiciales informaron ayer que el presidente del tribunal de alzada, Martín Irurzun, adoptó una resolución en el incidente de competencia que se había instalado entre el juez federal Ariel Lijo y su par Bonadio en torno a la causa número 14305/2015.
“Puesto a resolver la cuestión, y siguiendo el criterio de esta presidencia en casos similares al presente, corresponde que el magistrado que primero conoció en los eventos sea el que prosiga con su investigación”, sostuvo en su fallo el titular de la Cámara.
El incidente procesal se había originado porque Lijo fue el receptor de la denuncia original que el fiscal Alberto Nisman había presentado contra Cristina y otros funcionarios y allegados a su gobierno el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.
Pero más tarde, al reabrirse, Bonadio había reclamado el expediente con el argumento de que guarda conexión con otro que tramita en su juzgado, en el cual el ex canciller Héctor Timerman está denunciado por el delito de “traición a la Patria”, también en relación con el supuesto encubrimiento de los iraníes.
Lijo había rechazado el petitorio de Bonadio porque entendió que las investigaciones a su cargo “se formaron con anterioridad”, “su objeto procesal es más amplio” y “se encuentra en un estadio avanzado de recolección de elementos probatorios”.
En su momento, la defensa de Cristina había recusado sin éxito a Lijo y había pedido su apartamiento, así como el de Bonadio, y reclamó que el caso sea investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que instruye el expediente por la explosión que en 1994 demolió la mutual judía.
Ahora el expediente por el encubrimiento pasa a manos de Bonadio, quien procesó a Cristina Fernández en dos ocasiones: por asociación ilícita en la causa denominada “Los Sauces” y por “administración infiel en perjuicio de la administración pública” en la causa conocida como “dólar futuro”, en la que ya fue enviada a juicio oral y público.
Los acusados por encubrimiento en la denuncia que presentó Nisman son Cristina Fernández, Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, el presunto espía Ramón Allan Bogado, el supuesto operador proiraní Jorge “Yussuf” Kahlil y el ex juez y fiscal Héctor Yrimia.
Finalmente, el ex secretario de Transporte, hoy preso, Ricardo Jaime, sumó ayer un nuevo pedido de juicio oral y público -ver aparte-, junto a otros ex empleados suyos.
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