Crece la polémica por recortes de pensiones a discapacitados

La polémica crece. Desde distintos sectores volvieron a criticar la decisión oficial de recortar pensiones a personas con discapacidad. Pero la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, insistió que no es general esa quita y que se va a revisar caso por caso.

“Quiero llevarle tranquilidad a las familias que hoy reciben una pensión, que la merecen y la necesitan, de que no vamos a hacer un recorte masivo, no hay una intención de sacar las pensiones”, sostuvo la ministra, al tiempo que denunció que “se está tratando de usar el tema política y malintencionadamente”. Asimismo, Stanley sostuvo que “venimos de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones” y que “por eso hacemos estos cruces administrativos, no políticos” para “ver quién merece la pensión”.

piden un informe

Mientras, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) requirió ayer a la ministra de Desarrollo Social que le informe sobre las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad. Así lo informó el portal www.fiscales.gob.ar y precisó que el requerimiento de un informe oficial del Ministerio fue hecho por el titular de la UFISES, Gabriel De Vedia, en el marco de una “investigación preliminar” que abrió sobre el asunto.

En su escrito, el fiscal requirió a la ministra que “detalle la cantidad de prestaciones que fueron dadas de baja durante el transcurso del año 2017 y los criterios que motivaron tal decisión”. También solicitó “una nómina de la totalidad de los beneficiarios afectados, que además indique en cada caso el por qué se habilitó la suspensión de la prestación y las pruebas que se recabaron para sustentar tal decisión”.

“Toda resolución administrativa debe respetar el procedimiento vigente. Ello implica, entre otras cuestiones, la obligación de notificar al beneficiario en forma previa a la suspensión de la pensión, para que pueda ejercer su derecho de defensa”, dijo De Vedia.

repercusiones en las provincias

En tanto, los ministros de las áreas de Desarrollo Social de las provincias del Noroeste Argentino se reunieron ayer con el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, para que dé explicaciones acerca de la quita de pensiones a personas con discapacidad.

En un encuentro en la Casa de Gobierno de Tucumán, los ministros Gabriel Yedlin (Tucumán), Justo Daniel Barros (Catamarca), Griselda Herrera (La Rioja) y un representante de Santiago del Estero le plantearon a Badino “la restitución de los derechos a las personas afectadas”.

Tras la reunión, Herrera dijo que Badino “se comprometió en llevar este planteo que hicimos con mucha firmeza los ministros del NOA en búsqueda de restituir el derecho a la gente y ponernos a disposición como provincias para poder ver los casos puntuales que no reúnen requisitos o no tienen documentación que los solicita”.

La funcionaria de La Rioja adelantó que hoy presentará “un recurso de amparo” y que ya le entregó a las autoridades nacionales “la copia de los dos fallos que hay de General Roca (Río Negro) y Neuquén, intimando a la restitución del derecho a dos beneficiarios, lo que significa un precedente en las futuras presentaciones que hagamos las distintas provincias”, se informó en un comunicado del gobierno provincial.

reclamos que llegan a la justicia

En tanto, distintos dirigentes y provincias ya realizaron reclamos ante la Justicia para rechazar la quita de pensiones, entre ellos el Defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debbo, que presentó un amparo colectivo contra el recorte.

La Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis aprobó ayer un pedido para que el ministerio de Desarrollo Social de la Nación informe la cantidad de pensiones que han sido dadas de baja y cuáles han sido las razones.

Además, el senador nacional (UCR) Julio Cobos presentó también un proyecto de Resolución en el que insta “al Poder Ejecutivo Nacional” a que “arbitre en forma urgente los medios respectivos a los efectos de suspender la ejecución de bajas y/o suspensiones de las pensiones para personas con discapacidad, pensiones para madres con siete o más hijos, pensiones para personas mayores de 70 años y pensiones graciables” hasta que se realice una revisión.