Investigan posible sobrefacturación en la obra pública en un distrito del Conurbano

Franco Picardi, fiscal federal, requirió en las últimas horas que se investigue si tuvo lugar o no una sobre facturación en una serie de construcciones estatales que comenzaron a realizarse a partir del 2013. La obra pública que ahora está bajo la lupa de la justicia es la planta de tratamiento de efluentes cloacales del partido de Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires cuyo precio final habría sido "inflado".  

Los cuestionamientos que hace el funcionario judicial nacen a raíz de la presentación judicial hecha por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) que asegura que la municipalidad habría certificado y avalado una sobrefacturación, que presentó los avances de la obra en ese mismo ente, a cargo de la financiación. 

La maniobra, según la denuncia, implicaría a la constructora Mako S.A. y a las autoridades del municipio -que encabeza Carina Biroulet- quienes habría avalado la maniobra durante la actual gestión.

Las sospechas aumentan aún más, ya que según trascendidos, por la firma Mako S.A. pasó Raúl Biancuzzo, el ex funcionario de AySA acusado de recibir sobornos de Odebrecht para beneficiar a la constructora brasileña en un contrato de obra pública, por lo que la investigación podría alcanzarlo. 

La denuncia de la representante del Enhosa sostiene que existirían diferencias entre el avance físico que se asentó en los certificados de avance de obra -soporte a partir del cual se justifican y realizan los pagos- y lo constatado durante una inspección. 

"Se habrían realizado erogaciones por más dinero del debido, perjudicándose a las arcas estatales y a los usuarios de las obras y produciéndose el enriquecimiento ilícito del Municipio y de la sociedad mencionada", reseñó Picardi en su presentación.

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El municipio de Presidente Perón y el Enhosa suscribieron en 2013 un Convenio Único de Colaboración y Transferencia para la construcción de la planta de tratamiento de efluentes, que comenzó en noviembre de ese mismo año. 

El convenio se llevó a cabo en el marco del Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (Proarsa) y el monto original para su puesta en marcha era de 46.895.589 pesos.