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Los gobiernos provinciales comenzaron, con la respuesta de Salta, a contestar la demanda que la gobernadora María Eugenia Vidal llevó hasta la Corte Suprema para reclamar la restitución de dinero del fondo del Conurbano, una suma que asciende a los 53 mil millones de pesos.
El gobierno salteño, encabezado por el peronista Juan Manuel Urtubey, hizo llegar a la Corte Suprema su contestación a la citación como "tercero interesado" que llegó a todas las jurisdicciones provinciales tras el reclamo de Vidal ante el máximo tribunal.
Salta hizo hincapié en que cualquier modificación de las asignaciones específicas de recursos coparticipables,"como el impuesto a las ganancias, la debe hacer el Congreso".
En su presentación, rubricada por la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, Salta subrayó que "el artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional dispone que corresponde al Congreso establecer y modificar asignaciones de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".
Para el gobierno salteño, según su presentación ante la Corte, "la asignación específica se ha mantenido vigente a lo largo de todos estos años e incluso con el consentimiento de la actora (por la provincia de Buenos Aires)". Si el pedido de Vidal avanza, eso iría "en desmedro del régimen federal y del conjunto de las provincias argentinas".
"Si la voluntad política del Gobierno Nacional es beneficiar a la provincia de Buenos Aires con un aumento de fondos destinados a atender obras de carácter social, debería hacerlo a través de un mecanismo de asignaciones de recursos diferente, con fondos propios del Tesoro Nacional o algún otro mecanismo específico, sin detraer recursos de las provincias, lo que provocaría un perjuicio grave a las economías locales", escribió en el documento la fiscal de Estado de Salta.
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La demanda judicial bonaerense pide que se elimine el tope de 650 millones de pesos que rige para la provincia de Buenos Aires. Si ese reclamo no prospera, exige que se declare inconstitucional la exclusión de la provincia del reparto del remanente del fondo y del 4 por ciento de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación.
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