Un ferroviario complicó a los policías acusados de matar a un joven en City Bell

Dos testimonios complicaron ayer la situación de siete policías que son juzgados por la muerte de Cristian Pérez, el joven que el 14 de octubre de 2002 apareció muerto sobre las vías que están entre las estaciones de City Bell y Villa Elisa, después de un confuso incidente que involucró un accidente de tránsito y el paso de la víctima por la comisaría Décima de City Bell.

En la tercera audiencia del juicio declararon el maquinista del tren que atropelló a Pérez y su ayudante, quienes dijeron no recordar los detalles puntuales del incidente (pasó hace 16 años), aunque uno confirmó que la víctima “no se movió”, lo que le da fuerza a la hipótesis de la acusación: al joven lo mataron en la comisaría y pusieron el cuerpo en las vías a la altura de 45, para simular un suicidio.

Ante el tribunal Criminal 2 de La Plata, integrado por Silvia Hoerr, Liliana Torrisi y Claudio Bernard, el maquinista aclaró que se usó el protocolo para evitar arrollamientos, mientras que su ayudante confirmó que la víctima “ni miró el tren” después de que tocó dos veces la bocina e hizo señas de luces, como indica el reglamento, lo que le pareció inusual considerando la experiencia de episodios anteriores.

Otro que declaró fue un policía retirado que fue compañero de trabajo de los acusados, aunque su testimonio no aportó demasiado al debate, ya que dijo no recordar mucho del caso.

La suboficial Beatriz Sosa, que confeccionó el libro de guardia, aceptó su responsabilidad y será condenada en juicio abreviado.

Los imputados David Koenig, Juan Pavela, Rubén Lago y Juan Condoleo fueron acusados por homicidio doblemente agravado por alevosía y por la participación de más de dos personas. Koenig llegó libre al debate y actualmente es subcomisario de la 1ª de La Plata.

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Miguel Álvarez, Jorge Luna y Pedro Djurasek (comisario de la 10ª al momento del hecho y exonerado por apremios ilegales en otra causa), fueron acusados de encubrimiento.

Otro imputado, Ariel Perich, fue sobreseído.

Esta intrincada historia comenzó el 13 de octubre de 2002, cuando un Ford Falcon conducido por Pérez atropelló a dos ciclistas en 17 y Alvear, de City Bell. Aunque el joven se habría fugado del lugar, luego fue detenido por vecinos que supuestamente lo golpearon y lo llevaron por la fuerza hasta la comisaría Décima, donde supuestamente declaró y, según la versión oficial, fue dejado en libertad. Horas más tarde un tren lo atropelló y quedó muerto en las vías.

Desde el principio los policías instalaron la versión del “suicidio” y la autopsia se practicó en la morgue policial por instrucción del primer fiscal que intervino en la causa, Leandro Heredia (destituido en un jury hace pocos días por distintas irregularidades). El informe forense determinó que las lesiones vitales del cuerpo se correspondían con la astricción ferroviaria, aunque en medio de la investigación hubo irregularidades que profundizaron las sospechas: las prendas y pertenencias de Cristian desaparecieron, igual que muestras de ADN de cabellos hallados entre sus dedos. Además, el libro de guardias permaneció oculto por siete años.

Después de Heredia, la instrucción del expediente pasó a manos de Tomás Moran (el ex fiscal que hoy está detenido en una causa conectada con la de la megabanda), luego a la fiscal Betina Lacki y posteriormente a su par Marcelo Martini, que terminó elevando el caso a juicio.

En la primera jornada de debate, que arrancó el lunes pasado, la abuela de la víctima recordó un episodio por demás revelador: “Vi al fiscal Morán que recibía sobres con plata, se le cayeron y salieron billetes que quedaron en el piso”. La fiscal Victoria Huergo ya adelantó que intentará demostrar que cuatro acusados fueron autores del homicidio y que los demás los ayudaron a encubrirlo.