Ya es hora de detener el aluvión vandálico en la Ciudad

Pasan los años, se suceden las distintas administraciones y, sin embargo, las crónicas periodísticas no dejan de reflejar el accionar del vandalismo en la Ciudad, que causa daños en los frentes privados y en el patrimonio público a través de pinturas, grafitis y pegatinas de afiches, en situaciones que dejan a la vista un panorama extremadamente negativo. Está claro que es el poder público el primer responsable que debiera fiscalizar y, en su caso, sancionar estos actos que arrasan con el patrimonio urbano en casi todos los barrios.

No existe en la Ciudad pared que pueda quedar a salvo de leyendas pintadas con aerosoles, ni macetón, pedestal u otro ornamento que no muestre signos de haber sido dañado. El caso más reciente se da en el predio del viejo Mercado, cuyas paredes perimetrales, sometidas a restauración y pintadas en las últimas semanas, ya están cubiertas de grafitis. Aunque en este caso, vale reconocer que tras la publicación en la víspera, del lamentable estado de esas paredes, rápidamente fueron vueltas a pintar de un blanco impoluto.

Según lo que se constató, en la saga interminable de hechos naturalizados -y generalmente impunes- que en mayor o menor medida deterioran la calidad de vida urbana, hay más: si el vecino lleva a su familia a disfrutar de una plaza o parque, se topará muy probablemente con juegos y bancos rotos, o columnas de alumbrado pintadas con los colores de alguno de los dos grandes futbolísticos locales; si saca una pila de ramas medianamente secas, hay chances de que durante la madrugada se conviertan en una hoguera.

En las últimas semanas, recrudecieron los ataques contra un blanco novedoso: los bolardos que colocó el Municipio en numerosas ochavas para evitar que se estacionen vehículos sobre el espacio pintado de color arena, destinado a expandir el área peatonal; también se instalaron maceteros con plantas decorativas y hoy en día es casi imposible hallar uno de estos sectores intacto.

En el municipio -que apuesta a la entrada en vigencia de un nuevo “código de convivencia”, actualmente en debate- calculan que cada año el vandalismo genera pérdidas equivalentes al costo de más de 800 cámaras de seguridad.

Al margen de la prevención y del accionar policial que debiera desplegarse para tutelar estos bienes surge también con claridad que debieran profundizarse las campañas educativas tendientes a frenar estos desbordes.

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En el caso de los paseos y lugares públicos, resulta evidente que debe redoblarse la custodia de esos lugares y no sólo prohibir la alternativa de afectar a ese patrimonio común, sino, en su caso, sancionar con el máximo rigor legal previsto a los transgresores. En cuanto a los frentes particulares, debieran aplicarse las sanciones del caso a los infractores y hacerlas públicas, a modo de disuasión. Debiera ponerse en claro que, cuando se atenta contra el mobiliario, las plazas y paseos públicos no se causa sólo un daño al erario ni se agravia solamente a criterios estéticos, sino que se afecta a la funcionalidad de un espacio de índole común, que por ningún motivo puede verse disminuido o retaceado sistemáticamente a la población.