Una iniciativa de ayuda legal frente a la violencia escolar

La iniciativa de una ONG encabezada por abogados consistente en realizar visitas a escuelas de la Región para concientizar a los alumnos sobre las consecuencias y riesgos legales que suponen los actos de violencia y las amenazas que alteraron al sistema educativo, constituye una consistente acción preventiva y a la vez formativa. Y ello, sin prejuicio de las prédicas que los planteles docentes realizarán en todos los establecimientos y de otras alternativas pedagógicas que puedan impulsarse.

Tal como se detalló ayer en EL DIA, en un escenario crítico para la comunidad educativa, donde las amenazas y los episodios de violencia se volvieron moneda corriente tanto en establecimientos públicos como privados, la organización FARA (Fundación Acción Restaurativa Argentina) lanzó un ciclo de intervenciones directas en las escuelas platenses, apostando a la información jurídica y a la cultura de paz como herramientas capaces de frenar una escalada de conflictividad que preocupa a padres, docentes y autoridades.

Según se explicó, uno de los ejes centrales de estas charlas es la inminente aplicación de la reforma penal juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad a los 14 años a partir de septiembre de este año. Este cambio de paradigma legal coloca a los adolescentes platenses en una situación de mayor vulnerabilidad y responsabilidad ante la ley.

Bajo el lema “Restaurar para aprender y convivir”, la iniciativa busca que la escuela recupere su rol de territorio seguro. Se detalló que luego de las experiencias positivas concretadas en instituciones como el colegio San Luis, la ONG extenderá sus talleres al Colegio Nacional y a otros establecimientos educativos de nuestra región. La apuesta, dijeron desde la entidad, es la de intervenir antes que el sistema penal tenga que hacerlo.

Lo cierto es que cuando se intensificó la ola de amenazas por las redes y las agresiones en el interior o exterior de las escuelas, la primera fórmula que se visibilizó para enfrentarla fue la de endurecer las políticas estatales y ello se definió primero a través de protocolos y resoluciones del ámbito educativo, seguida de intervenciones drásticas de diversos juzgados penales en el país que aplicaron severas multas a padres de chicos responsables de amenazas de bombas o de jóvenes que llevaron armas a las escuelas.

Pero lo que se pidió entonces fue también una respuesta cultural a un fenómeno tan negativo y tan ajeno a lo que debe ser un colegio. Es en este sentido que deben valorarse todas aquellas campañas promovidas no sólo desde el área educativa, sino desde la misma sociedad, que debe sentirse comprometida a fondo cuando lo que está en juego es la formación de las jóvenes generaciones.

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Que los abogados hayan decidido presentarle a los alumnos de los colegios secundarios un informe sobre las responsabilidades legales que asumen con sus conductas constituye, entonces, un aporte valorable. Más allá del trabajo específico que realizan los planteles docentes, corresponde destacar el testimonio de estos profesionales del Derecho –y eventualmente, el de otras disciplina- que pueden colaborar para una más completa formación y madurez ciudadana de los jóvenes.