Caso Próvolo: acusan a enviados del Papa de no colaborar con la Justicia

Los abogados que defienden a las víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza denunciaron ayer a los enviados del papa Francisco para investigar abusos a menores por ocultar pruebas y no colaborar con la justicia, señalaron en un comunicado.

De acuerdo al escrito que presentaron ayer en la justicia, los abogados aseguran que los dos enviados del Papa, los curas Dante Simón y Juan Martínez, no aportaron ninguna prueba a pesar de haber hecho su propia investigación sobre lo que ocurría en el Instituto que alojaba a chicos sordomudos, ubicado en Luján de Cuyo.

Los curas llegaron a mediados del año pasado para investigar las acusaciones de presuntos abusos por parte de los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho.

“Se ha incurrido en una desobediencia al requerimiento y se le ha mentido al Ministerio Público Fiscal con intenciones de encubrir. Es obligación de la Santa Sede informar sobre estos episodios y asegurar el intercambio de información”, señalaron en el escrito los abogados Sergio Salinas, Juan Dantiacq, Lucas Lecour y Carlos Lombardi.

Los enviados del Vaticano llegaron a Mendoza desde Córdoba y comenzaron una investigación paralela. Según dijeron entonces, su misión era “la misma que hace la justicia, pero desde el derecho canónico”.

Desde la ONG Xumek dijeron ayer al mediodía que los dos fiscales que llevan adelante la causa, Gustavo Stroppiana y el subrogante Flavio D`Amore, “le dieron oficios para que aporte datos antes que vuelvan a la provincia de Córdoba, cosa que nunca hicieron, por tal motivo, entendemos que hay desobediencia a la autoridad, pero queremos probar el encubrimiento”.

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La causa por abusos a chicos sordos e hipoacúsicos en el Próvolo tiene 15 imputados, y a tres de ellos se les concedió la prisión domiciliaria: el cura italiano Nicolás Corradi (82 años); la monja japonesa Kosaka Kumiko (42), y la ex representante legal Graciela Pascualo.

Por la misma acusación continúan en prisión el cura Horacio Corbacho (56), el monaguillo Jorge Bordón (50), el jardinero Armando Gómez (46) y José Luis Ojeda (41), empleado del Próvolo.

A los cuatro alojados en cárceles y a los tres que cumplen prisión domiciliaria se suman otros ocho ex empleados en el listado de imputados.

EL JUICIO A Ilarraz

Por otro lado, el fiscal Alvaro Piérola, quien lleva adelante la acusación contra el sacerdote Justo José Ilarraz, aseguró que los testimonios que brindaron las víctimas durante las dos primeras jornadas del juicio “fueron contundentes en términos probatorios para acreditar la existencia de los hechos y la participación” del cura acusado de abuso sexual de menores.

El juicio contra el cura Justo José Ilarraz, acusado de haber abusado de siete chicos de entre 10 y 14 años en el seminario en el que él era precepto, comenzó el lunes en Paraná a puertas cerradas y hasta el martes se escucharon los testimonios de los siete denunciantes.

“Fueron relatos contundentes, coincidentes, y creemos que serán mérito suficiente” para probar los hechos”, afirmó ayer Piérola.

El fiscal criticó, a su vez, la estrategia de Jorge Muñoz, abogado del sacerdote, quién pedirá la prescripción de la causa o “la atipicidad de la conducta” del religioso, sobre quién dijo que “busca marcar contradicciones que tienen más que ver con detalles de los hechos y no con lo sustancial”.