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Hay más de 850 y quieren sumar otras 600. La Justicia libra alrededor de 1.000 oficios mensuales pidiendo material. Y no siempre sirve
Las cámaras están instaladas según los mapas barriales y del delito, accesos e ingresos a la ciudad, senderos seguros y escuelas/el dia
MARCELO CARIGNANOmcarignano@eldia.com
Un joven dirige su camioneta por el centro de La Plata. Todavía no son las 3 de la mañana de un viernes feriado, hasta que algo le ocurre y todo termina. El tiro de una 9 milímetros perfora el vidrio de la ventanilla del acompañante y la axila derecha del conductor, matándolo en pocos en minutos.
No fueron pocos los que presumieron que un crimen callejero, en inmediaciones de 17 y 53, debió ser registrado por alguna de las cámaras que establecidas por la zona, o algún celular de los muchos transeúntes que circulan por allí.
Lo cierto es que las autoridades aún no pudieron identificar el auto desde el que partió el disparo que asesinó a Mariano Anello. Entonces, urge hacerse la pregunta: ¿qué rol juegan los dispositivos de seguridad en esta sociedad de “Gran Hermano”?
Según datos oficiales, en el casco urbano platense hay registradas 306 cámaras (entre domos y fijas), más 120 en móviles policiales que dependen de la Municipalidad, en tanto que unas 300 son de origen privado, instaladas en comercios y casas particulares. Además, se cuentan otras 50 que están en o sobre edificios públicos, y 86 que la Municipalidad de La Plata incorporó por medio de un programa del ministerio de Seguridad Nacional, que se están colocando en la urbe y en senderos de las facultades de la UNLP. En definitiva, más de 850 aparatos para una ciudad de 649.613 habitantes (de acuerdo el censo de 2010), que abarcan un área de 194.000 hectáreas.
A mediados de este año, se espera que sumen otras 600 por medio de una licitación municipal; y a ese número, se agregará en septiembre la llegada de sistemas electrónicos de monitoreo por 20 millones de pesos en cámaras, fibra óptica y sistemas de alertas vecinal, informó un portavoz oficial.
En la zona comprendida por los caminos de cintura se concentra la mayor cantidad de artefactos, seguido -de mayor a menor- por Gonnet, Tolosa, Ringuelet, City Bell, Villa Elisa y Los Hornos.
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Dicen los funcionaron que con los nuevos dispositivos buscarán llegar a los barrios donde la cobertura es mínima, como Abasto, Olmos, Romero o San Carlos; en tanto que en otros, como Arana, Arturo Seguí, Villa Elvira o Sicardi, aún no hay ninguno instalado. Mientras tanto, en la práctica, La Plata sigue siendo una de las urbes de la Provincia más golpeadas por el delito.
Héctor Muzzio, abogado especializado en seguridad, aporta un dato clave: “Podés tener las mejores cámaras, pero si el personal no está capacitado es lo mismo que nada”.
“Argentina no tiene una cultura de seguridad”, asegura el experto Héctor Muzzio
“Los pilares de la seguridad, que deben ser armoniosos y flexibles, son tres: las medidas de seguridad físicas, las tecnológicas y las humanas. Si una falla, es probable que la acción de las restantes no sea eficaz”, resume.
Algo similar ocurre en los colectivos interurbanos de corta distancia, luego de que se aprobó en la Provincia la ley 14.897.
La misma establece que los micros de pasajeros de jurisdicción provincial deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen imágenes durante un cierto período, algo que todavía no se está cumpliendo.
De acuerdo a los datos aportados por voceros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), reciben “entre 800 y 1.000 oficios” judiciales al mes que piden información relevada por los dispositivos, y aunque “todos se contestan, las respuestas favorables rondan el 30% aproximadamente”. Esto se explica porque en algunos de los lugares sobre los que pesa una solicitud de registro audiovisual, “el municipio no tiene cámaras o simplemente no se obtuvieron pruebas de un ilícito”.
¿Cómo funciona? Si piden información por el robo de un auto en una fecha y zona específica, el COM busca el vehículo en las imágenes y, cuando encuentra uno de similares características, aporta los datos a quien los haya requerido.
En diciembre del año pasado, la ordenanza 11.623 apuntaba la creación del “Programa de Expansión del Sistema Municipal de video-vigilancia”.
La misma “establece la obligatoriedad de la instalación de videocámaras de seguridad y enlace suscripto por parte de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, establecimientos de expansión nocturna y que realicen intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, establecimientos que realicen habitualmente operaciones de crédito o similares, centros de consumos y servicios con locales de una superficie superior a 1.800 m2 y estaciones de servicio”.
Más de seis meses después, desde la Unión de Expendedores de Nafta y Afines (UENyA) expresaron que todavía están a “la espera de que se cumplan las promesas por las cámaras de seguridad en las estaciones de servicios”.
De acuerdo a la legislación, cada expendedora de combustible tiene que colocar sus propias cámaras, que entrarían dentro de la red de monitoreo de la policía local siempre y cuando cumplan con los requerimientos técnicos y de funcionamiento establecidos. Esa medida, aseguraron “puede morigerar, pero no frenar el delito”.
“Nos pegan unos palos bárbaros todos los días. Las agresiones a playeros o robos pequeños son moneda corriente, y a veces se envalentonan y roban cuatro o cinco estaciones en una noche”, manifestaron desde el gremio.
Muzzio, quien fue Subgerente de Seguridad del Banco Central de la República Argentina y Gerente de Seguridad del Banco Nación, sostiene que las cámaras de seguridad “sirven para distintas cuestiones, pero no resuelven por sí solas la materia.
“En tiempo real, por ejemplo, funciona para enviar a la Policía al lugar y detener al delincuente en flagrancia. Eso como una medida preventiva, pero como una medida post hecho también es necesaria, porque el resguardo de una imagen es luego una prueba”, añade.
Sin embargo, aclara, “la seguridad absoluta no existe en ningún lado, pero tenés que minimizar el riesgo. Capacitando, informando, preparando a los profesionales, que deben ser proactivos”.
“Argentina no tiene una cultura de seguridad. Parece que hay que experimentar con el dolor para luego invertir en seguridad”, concluyó.
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