Intervienen el hotel de Cristina Kirchner, que pierde el control de la empresa

Un juez argentino intervino hoy la empresa que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner y ubicado en el sur del país, en una causa en la que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y sus hijos están procesados por supuesto lavado de dinero. El magistrado Julián Ercolini dispuso la intervención judicial de Idea SA, propiedad del empresario Osvaldo Sanfelice, durante seis meses, en los que se apartará a sus autoridades y la Justicia asumirá "facultades de información, administración y recaudación", según la resolución publicada en el Centro de Información Judicial. 

La empresa es la actual administradora de ese establecimiento de lujo, situado en la sureña provincia de Santa Cruz, que pertenece a Hotesur, una hotelera propiedad de la ex mandataria y de su familia. La medida tiene lugar en el marco de un caso en el que se investigan supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de Hotesur y por el que Ercolini procesó el pasado mayo a Fernández y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

En ese momento, el juez procesó también a Romina Mercado -sobrina de la ex presidenta- y al empresario de la construcción Lázaro Báez, ya en prisión preventiva desde 2016 por otra causa. Ercolini consideró que la hotelera no contaba "con capacidad económica ni experiencia en el rubro", y que su finalidad era otorgarle a las cantidades pagadas en sobornos "apariencia de legítimas". 

El magistrado ya intervino la compañía en marzo, cuando afirmó que había sido "una de las personas jurídicas a través de las cuales la familia Kirchner habría recibido periódicamente dinero obtenido mediante la defraudación contra el Estado nacional". En noviembre de 2017, la ex mandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal; además denunció que su situación judicial se debía a intereses del oficialismo. El llamado "caso Hotesur" se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, quien acusó a la ex presidenta y a otros altos cargos de su Gobierno de delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.