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Asaltos registrados en las últimas horas en en los que participaron menores de edad –uno de ellos se cree que no contaba más de 9 años- vinieron a corroborar la tendencia cada vez más extendida de utilizar a menores para la comisión de distintos delitos por parte de mayores que así intentan aprovecharse de la inimputabilidad legal que los protege. Desde luego que ello no impide dejar de advertir que muchos menores, ya sea por iniciativa propia o actuando en banda, han elegido la actividad delictiva como modo de vida, en una situación tan preocupante para el futuro de ellos como para la sociedad en la que viven.
Las estadísticas judiciales de todo el país son coincidentes en el sentido de marcar un crecimiento del número de causas penales en las que parte o todos los actores imputados son menores de edad.
Bien se conoce que, ya sea en forma latente o efectiva, una vez más se encuentra reabierto en nuestro país el debate por la imputabilidad de los menores, a partir de proyectos que apuntan a bajar la edad mínima de responsabilidad penal. Como se sabe, generalmente se obra por impulso en estos casos, de modo que los proyectos legislativos cobran vida o son cajoneados de acuerdo a la trascendencia que alcancen o no los casos que se van presentando en la realidad cotidiana. Está claro que la solución no pasa por esos vaivenes.
Sin duda que el tema reviste una enorme complejidad, aún cuando en los últimos años ha existido una fundamentada coincidencia entre juristas, legisladores y magistrados que, al abordar el problema de la responsabilidad penal de los menores, muchos de ellos, por no decir todos, subrayaron la circunstancia de que muchas veces se utiliza a menores como instrumentos, aprovechando su inexperiencia, pero “incentivados” por un régimen legal que les otorga amplios grados de inimputabilidad.
La situación no es novedosa. Hace más de tres décadas las crónicas policiales de este diario reflejaban la preocupación de los taxistas platenses, a raíz de que eran asaltados por menores de edad, en una situación inusual hasta novedosa entonces que, por sus implicancias, originaba tanta sorpresa como alarma. Sin embargo, como se ha dicho, esa nueva tendencia delictiva se vino acentuando y hoy los robos a mano armada y aún delitos más graves cometidos por menores dejaron de sorprender. Aquellos episodios excepcionales, que llamaban la atención, ahora se han convertido en habituales.
El tema reviste mayor gravedad si se advierte la creciente cantidad de menores que pululan por las calles, ofreciendo limpiar vidrios en las esquinas más transitadas –aún con el peligro que ello implica- o dedicándose a cualquier otra tarea informal, sin que exista ya control institucional alguno sobre ese universo de menores en riesgo. Hasta fines del siglo pasado existían organismos públicos cuyos asistentes sociales cumplían mínimas, pero importantes, tareas de contención y apoyo de esa minoridad desprotegida. En estos casos, es digna de mención la actividad social y solidaria que despliegan algunos clubes e instituciones de la Ciudad, abriendo sus puertas a la mejor formación educativa y deportiva de esos chicos.
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Nuestra sociedad no puede permitir que muchos chicos se encuentren a la deriva y, mucho menos, que estén dedicados a delinquir. El tema es de gran complejidad, aún cuando está claro que resulta intolerable que muchos delincuentes mayores “trabajen” con ellos, para contar con una suerte de escudo protector. Los chicos roban, son capturados y minutos después se encuentran en la calle. Mientras se analiza esta cuestión, lo mínimo y básico que debe aguardarse es que se neutralice a las organizaciones adultas que reclutan a menores para que roben y asalten con armas en nombre de ellas.
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