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Jorge Remón
Ahora es la industria. Milei llegó a la Presidencia enarbolando una motosierra como símbolo para subrayar que cortaría de cuajo los gastos del Estado, disolvería el Banco Central que “la casta política utiliza irresponsablemente para imprimir moneda sin valor” y también mencionaba que existían empresarios prendarios, pero especialmente señalaba a las compañías proveedoras del Estado.
En estos días, según los abundantes voceros oficiosos del Gobierno en las redes la responsabilidad de la alta inflación es en buena parte culpa de los industriales, que pretenden cobrar por sus productos precios exorbitante.
La apertura de la aduana, según dicen, permite la comparación con el valor de los autos y los artículos textiles argentinos con los de China. El cierre de las fábricas, como FATE, se debería a aquellos propietarios que ganaban mucho y no quieren, o no pueden, competir con la manufactura extranjera. La inflación de acuerdo a esa teoría es, en buena parte, culpa de las fábricas y los comercios argentinos. Pero, varias empresas extranjeras han cerrado o han puesto en venta las subsidiarias argentinas, tratándose de compañías líderes en sus rubros.
Por otra parte, cuando el Índice de Precios al Consumidor bajaba mes tras mes, en el año 2024 el economista Miguel Ángel Broda advirtió que era admirable el resultado de la política económica del gobierno que, con la contención del gasto público, era posible que llegara al 3 o 4 por ciento mensual y que en Argentina “todos festejarían”, sin advertir, que esa cifra que daría cuenta de la variación de precio cada 30 días es la que se registra por año en Chile, Paraguay y Uruguay. Además sostuvo que para bajar del 3 o 4 por ciento mensual se debería enfrentar problemas estructurales, porque en los altos costos industriales de nuestro país influyen gravemente servicios caros e ineficientes del Estado además de una carga impositiva pesadísima.
Países altamente desarrollados han resuelto proteger los puestos de trabajo industriales
En distintas declaraciones sostuvo que de para lograr la estabilidad se necesitaba más que eliminar el déficit del sector público, debería contarse con un plan que contemple el desarrollo para posibilitar que la producción Argentina tenga costos competitivos.
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Los países democráticos altamente desarrollados han modificado totalmente sus actitudes respecto al comercio internacional. Los gobiernos de esas naciones han resuelto proteger los puestos de trabajo industriales ante la imposibilidad de competir con los excedentes chinos. La manufactura del gigante asiático cuenta con mano de obra de un costo mucho menor que la de Inglaterra y Estados Unidos, y también de la Argentina.
Una población que supera los 1.000 millones habitantes aun sin los ingresos per cápita de Estados Unidos o Europa constituye un mercado que posibilita un desarrollo industrial a gran escala. Pero Pekín, además, limita severamente el ingreso de mercaderías extranjeras a China. Lo que se refleja también en la relación con Argentina, donde compra materias primas pero discriminando a aquellas cuyos costos son menores que en ese país. Logrando entonces un superávit en la balanza comercial que según se prevé llegará este año a 12.000 millones de dólares.
La apertura de la aduana no es fruto de una doctrina económica que se esté aplicando hoy
Descapitalizada por lo que significa, entre otros factores, la inestabilidad monetaria, la imposibilidad de acceder a créditos a plazos e intereses normales en los países desarrollados, un mercado interno reducido y la ausencia de políticas para fomentar las exportaciones, las empresas nacionales han estado y están aún sujetas a condiciones y situaciones que encarecen sus costos. Para superar esos problemas se necesitan los cambios estructurales a los que aludió Broda, que básicamente dependen de políticas de Estado mantenidas durante años.
Ningún economista ha dicho que es posible lograr en pocos meses que las fábricas de nuestro país tengan los mismos costos que las norteamericanas y europeas.
La comparación de los precios de los artículos textiles chinos que llegan a la Argentina no vale la pena hacerla, ya que los tan difundidos envíos postales, por ejemplo, están exentos de impuestos. Sus fabricantes no pagan Ganancias en la Argentina, Ingresos Brutos en las Provincias, ni las tasas municipales. Ese solo factor, la carga del Estado, justifica buena parte de las diferencias de precio, además suelen ser excedentes de la producción del gigante asiático.
La apertura de la aduana no es fruto de una doctrina económica que se esté aplicando hoy. “El libre intercambio comercial internacional” que postulaba el Consenso de Washington en 1989 ya no se tiene en cuenta, porque aquel surgió durante una crisis financiera internacional y fue una coincidencia entre los acreedores de las naciones no desarrolladas.
Es posible que las mercaderías extranjeras sin impuestos puedan producir un menor crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero el costo en puestos de trabajo puede generar una situación económica y social difícilmente sostenible. La Argentina debería entonces concentrarse en la exportación de productos primarios: alimentos, petróleo, minerales que en forma directa no generan muchos empleos. Restaría decidir el destino de los millones de personas que viven en las grandes concentraciones urbanas de nuestro país, aun así, el Estado debería invertir en infraestructura y aumentar exponencialmente el número de los planes trabajar.
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