El crecimiento del delito de pedofilia y pornografía infantil, llevó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía de la ciudad de Buenos Aires a firmar en 2012 un convenio con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización no gubernamental con sede en Washington que tiene el respaldo del Congreso de Estados Unidos y a la cual las empresas proveedoras de internet deben, por ley, notificarle cuando sus clientes suben imágenes de ese tipo a la red. En tanto, la Procuración bonaerense firmó en 2015 un convenio con esa ONG y un servidor de Estados Unidos para recibir informes relacionados al consumo, tenencia y distribución de pornografía infantil. A partir de la recepción de la denuncia contenida en el reporte, los investigadores solicitan a los proveedores de Internet datos concretos para saber a quién estaba asignada esa dirección de IP, y a qué dirección catastral. Se estima que la pornografía infantil genera un movimiento comercial anual de 250 millones de dólares en la Argentina, según cifras tomadas de un informe de Naciones Unidas. Muchos pedófilos suben a internet o comparten a través de las redes sociales y WhatsApp imágenes y videos con los que sacan un rédito económico. Las autoridades actúan amparados en la ley 27.436 que establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales y de cuatro (4) meses a un (1) año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior”. Luego, el nuevo artículo 128, puesto en vigencia en 2018, castiga la “tenencia simple de material pornográfico sin importar si se lo posee con intenciones de compartirlo o comercializarlo, con una pena de 4 meses a 1 año de prisión”.