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Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
El Gobierno utilizó ayer el acto de presentación del anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial a modo de advertencia de lo que, a criterio del presidente Mauricio Macri, podría suceder con la Justicia en caso de que el peronismo regrese al poder.
“Si la Justicia no es independiente, no es Justicia”, remarcó el Presidente en la Casa Rosada, hasta donde no se acercó ningún juez de la Corte Suprema pese a que la iniciativa incumbe a su ámbito de referencia.
El distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial ya es ostensible a esta altura del mandato de Macri. En los últimos fallos del máximo tribunal queda casi siempre en minoría el juez Carlos Rosenkrantz, pese a que es el presidente del cuerpo y a que fue designado durante la administración de Cambiemos.
En medio de ese clima de frialdad política con los jueces supremos, Macri envió ayer un mensaje político dirigido a sus propios votantes, quienes lo ungieron en 2015 con el mandato de terminar con la corrupción que se había desplegado durante la era kirchnerista en el poder.
Por ese motivo, las críticas del Presidente estuvieron dirigidas –solapadamente- a jueces y fiscales que no terminan de cerrar los procesos contra ex funcionarios y sobre todo, contra Cristina Kirchner. “Si los procesos tardan años, entonces no hay Justicia”, afirmó el jefe de Estado.
La excepción a los cuestionamientos de Macri es el juez federal Claudio Bonadio, quien acaba de enviar a juicio la megacausa de los cuadernos, con la ex presidenta imputada como jefa de una asociación ilícita, y estaría pronto a iniciar los trámites de su jubilación.
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Pero el temor del Gobierno es que, si se confirma el cambio de signo a nivel nacional, los jueces y fiscales terminen adaptándose a los requerimientos políticos del momento. “Trabajamos mucho para que la política no interviniera”, dijo ayer el presidente Macri en un pasaje de su discurso.
Pareció referirse, de ese modo, a las declaraciones de la titular de Justicia Legítima, la fiscal Cristina Caamaño, quien se manifestó a favor de una reforma constitucional que incluiría cambios en la estructura del Poder Judicial. El Gobierno cree que la impronta del cristinismo se impondrá sobre la visión más moderada de Alberto Fernández en caso de que ganen las elecciones.
No obstante, en el búnker del candidato presidencial del Frente de Todos, sobre la calle México porteña, señalan como posible ministra de Justicia a la jurista Marcela Losardo, una abogada de máxima confianza de Alberto, a tal punto que integran el mismo estudio jurídico. Más relegado en esa carrera aparece el camporista Wado de Pedro.
En el peronismo aparecen, sin embargo, algunos comentarios que anticipan lo que podría suceder en el campo judicial. “Me parece que para (el fiscal Carlos) Stornelli sería mejor dejar el cargo”, deslizó un intendente del PJ del Conurbano, durante un almuerzo en Puerto Madero.
Una frase que anticipa un cambio de época.
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