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El juez Marcelo Bruno Dos Santos resolvió que el proceso civil contra la ex presidenta y otros condenados quedó extinguido. El Estado reclamaba una indemnización por obras inconclusas adjudicadas a Lázaro Báez
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El juez en lo Civil y Comercial, Marcelo Bruno Dos Santos, firmó la caducidad del proceso civil a través del cual el Estado exigía a Cristina Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad un resarcimiento de $22.300 millones. La suma correspondía al 50% de las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez que no fueron terminadas.
Con esta resolución, el pago ya no podrá ser reclamado.
“Declarar operada la caducidad de la instancia en el presente proceso, con costas a la actora vencida”, dispuso el magistrado en la resolución.
La decisión se adoptó pese a la oposición del gobierno de Javier Milei, que a través de la Dirección Nacional de Vialidad buscaba mantener vivo el reclamo económico iniciado durante la gestión de Mauricio Macri.
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Luis Goldin, había solicitado la caducidad del proceso al señalar que el expediente no registraba avances desde octubre de 2023. El planteo ya había sido utilizado en otra oportunidad con el mismo argumento: la inactividad de Vialidad Nacional para impulsar el juicio.
El juez coincidió con la defensa y remarcó que, más allá de trámites administrativos, se habían superado los plazos que fija el Código para considerar caduca la instancia. Además, recordó que la figura de la caducidad busca “evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de la paz, la seguridad jurídica y la buena administración de justicia”.
Desde Vialidad Nacional se intentó frenar la caducidad señalando que la causa penal por administración fraudulenta, en la que Cristina Kirchner fue condenada, seguía aportando pruebas al expediente civil. Argumentaron que el daño al Estado alcanzó los $85.000 millones y que la Corte Suprema ya confirmó la sentencia penal el pasado 10 de junio.
El organismo sostuvo que “no existió una inactividad procesal de seis meses” y que se habían incorporado fallos y pruebas del fuero penal. Sin embargo, el juez entendió que esas presentaciones no alcanzaban para mantener activa la demanda.
El reclamo civil nació como derivación del juicio penal contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez por las 51 licitaciones viales en Santa Cruz. En un principio, el monto reclamado era de $46.000 millones, pero el Tribunal Oral Federal N° 2 fijó luego la defraudación en $85.000 millones, ajustados por inflación y sobreprecios detectados en varias obras.
Con esos parámetros, el Estado había cuantificado el resarcimiento civil en $22.300 millones. Ahora, con el fallo de Dos Santos, esa vía de cobro quedó cerrada.
Si bien la acción civil caducó, en paralelo continúa la ejecución patrimonial en el fuero penal por el decomiso de US$ 537 millones a los condenados. Además, el Gobierno libertario dejó en claro que, si la Corte ratifica definitivamente la condena penal por fraude al Estado, insistirá en reclamar la actualización de los montos en un nuevo proceso.
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