A 26 años del ataque a la AMIA, un nuevo intento para terminar con la impunidad

Hace veintiséis años se registró en la ciudad de Buenos Aires el cruento atentado contra el edificio de la AMIA que, el 18 de julio de 1994, provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. Si se hubiera investigado y hecho justicia, los autores de este ataque terrorista –de haber recibido la condena penal más severa que contempla nuestra ley penal- estarían cumplido la condena como responsables de uno de los más trágicos atentados en la historia de nuestro país.

Pero, como se sabe, la causa no avanzó. Y anteayer la querella planteada por AMIA-DAIA pidió condenar a 20 años de prisión y detener a Carlos Telledín, único acusado en el segundo juicio oral por el atentado a la AMIA, que inició en esa jornada su etapa de alegatos finales. “Está acreditada su participación criminal en el hecho terrorista”, sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 3 el abogado de la parte querellante, que acusó a Telledín como partícipe necesario de estrago doloso agravado seguido de muertes.

Como se sabe, Telleldín llegó a juicio procesado como supuesto partícipe necesario del atentado, un delito más grave, en su rol de entregador de la camioneta usada como cochebomba en el ataque extremista que causó 85 muertos en Pasteur 633, del barrio de Once, sede de la mutual judía.

A 26 años del ataque “nadie en su sano juicio podría siquiera poner en duda que el hecho fue un atentado terrorista que causó en forma intencional la muerte de 85 personas, un crimen de lesa humanidad, por tanto imprescriptible”, afirmó el letrado, que reiteró cuestionamientos a la investigación y remarcó la “ineptitud del Estado argentino para investigar el atentado y esclarecerlo”.

Lo que sigue quedando en claro es que semejante acto de atrocidad y barbarie exigía los máximos esfuerzos del Estado argentino en procura de su esclarecimiento y del enjuiciamiento de los culpables. Sin embargo, aunque resulte doloroso señalarlo, fue muy poco, por no decir nada, lo que se avanzó. La investigación judicial que se desarrolló no permitió ganar, ni siquiera, una batalla parcial contra la impunidad.

Las experiencias en otros países del mundo -que también han sido blanco de salvajes agresiones del terrorismo internacional- muestran que, a pesar de la vulnerabilidad de las naciones civilizadas frente a esta amenaza extrema, la Justicia ha podido avanzar con celeridad en la identificación de los autores materiales de muchos atentados.

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En nuestro país, por aquella brutal agresión que costó la vida de ochenta y cinco argentinos, sólo se llegó al enjuiciamiento de un magistrado que llevó adelante la investigación del atentado durante casi diez años, acusado de de haber cometido graves irregularidades en el marco de esa causa. Los más grandes interrogantes, sin embargo, siguen sin respuesta.

El atentado a la AMIA -y antes, el que se cometió en la Embajada de Israel- dejaron heridas profundas en toda la sociedad argentina. Fueron, como aquí se ha recordado en cada aniversario, la expresión de un odio irracional y de un desprecio absoluto por la vida.

El Estado argentino se ha mostrado impotente para evitarlos pero después exhibió una flagrante incapacidad para esclarecerlo y hacer justicia frente a tanto dolor. Lo que se siente y resiente es que la herida por AMIA sigue abierta. Y que se debe alzar de nuevo la voz del reclamo contra la impunidad y el olvido.

Las víctimas y sus familiares merecen, desde ya, que el esfuerzo por esclarecer lo sucedido no se desvanezca. Pero -además- la sociedad argentina en su conjunto necesita que así sea. Hay que repetir lo que aquí ya ha sido dicho: todo el país fue víctima del horror y es víctima de la impunidad.