El Concejo aprobó un aumento de tasas en La Plata del 35%

En una maratónica sesión, que fue la última del año, el Concejo Deliberante y los Mayores Contribuyentes aprobaron un incremento de las tasas municipales del 35 por ciento promedio, y una reforma del cálculo de la tasa de alumbrado público, que impactará en una suba de entre 50 y el 400 por ciento, según el consumo de energía domiciliario.

El ajuste, consignado en la ordenanza Impositiva enviada al deliberativo por el gobierno de Julio Garro, se votó junto al proyecto de Presupuesto municipal 2021, por unos 16.734 millones de pesos. Ambos expedientes fueron rechazados por el bloque del Frente de Todos con duras críticas a la gestión durante 2020.

En un debate encendido que se desarrolló por la mañana en el Salón Dorado del palacio municipal, los concejales del peronismo y también varios Mayores Contribuyentes cuestionaron, fundamentalmente, el nuevo cálculo de la tasa de alumbrado público, que hasta ahora fue una tarifa plana de 192 pesos por partida y a partir del mes próximo se cobrará a cada contribuyente en función del consumo de la energía eléctrica.

La reforma, que hará el importe de la tasa móvil, en función del nivel de consumo de cada hogar, implica a la categoría que menos demanda energía una suba del 50 por ciento, fijándose en 290 pesos. En tanto, para el resto de las categorías y los comercios e industrias, el monto podría ascender hasta los 5.000 pesos.

Desde el Frente de Todos tomaron la voz en contra del criterio Cristian Vander y Victoria Tolosa Paz, quienes objetaron que “no es justo atar el pago de un servicio municipal al consumo de energía de un contribuyente”.

En Juntos por el Cambio, la presidenta de la comisión de Hacienda, Carla Fernández, y el titular de la bancada, Claudio Frangul, remarcaron que el espíritu de la iniciativa es “la progresividad, recayendo sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva”.

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La explicación no agotó la polémica ni las quejas de algunos Mayores Contribuyentes que advirtieron sobre la gravedad de la crisis que afronta el sector comercial.

Por otra parte, el aumento de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) será, en promedio, del 35 por ciento. Las inmuebles enmarcados en las categorías A y B, cuya valuación fiscal (no de mercado) no supera los 200 mil pesos, quedarán eximidos del tributo.

En tanto, la categoría C (hasta 400 mil pesos), la D (hasta 500 mil pesos) y la E (hasta 600 mil pesos), tendrán un aumento de entre el 20 y 21 por ciento. Las categorías F y G y H, que engloban valuaciones entre 600 mil pesos y 5 millones, que son las que enmarcan a la mayoría de los inmuebles de la Ciudad, tendrían una suba de entre el 23 y el 27 por ciento.

A la I y la J, con valores fiscales entre los 5 millones y más de 10 millones de pesos, les alcanzará el porcentual de incremento mayor: entre el 57 y el 71 por ciento.

El principal cuestionamiento fue al sistema contributivo, apuntando a que, además de una caída de la recaudación reconocida por el oficialismo por “hasta ocho puntos porcentuales” en 2020, los gastos de cada servicio no cubren lo percibido para cada concepto.

En el oficialismo reconocieron la necesidad de recaudar en un año “austero” como se vislumbra 2021, y al mismo tiempo, defendieron la búsqueda de la equidad “para cobrarle más al que más tiene y aliviar a los que peor lo pasan”.

CRÍTICAS AL PRESUPUESTO

Por tener mayoría en el recinto, el bloque garrista también sancionó el cálculo de gastos y recursos para el año próximo, aunque no sin enfáticos cuestionamientos.

De un estimado de 16.734 millones de pesos, y una distribución austera entre las secretarías, el Frente de Todos criticó la “falta de transparencia” del Intendente y sus funcionarios, al remarcar que, en un año de pandemia, el secretario de Salud, Enrique Rifourcat, rechazó las 11 invitaciones que le hizo el Concejo para que informe sobre el desarrollo de su área, y no respondió 51 pedidos de informes.

Mientras que para el funcionario el concejal Guillermo “Nano” Cara presentó un pedido de interpelación, cuestionó, además, que la pauta salarial para el sector municipal se haya calculado en 26 por ciento, cuando la inflación estimada oficialmente a nivel nacional es de 29.

La massista Virginia Rodríguez, por su parte, reprochó los “groseros errores” del expediente y que “al menos siete de las secretarías, sin casi fondos imputados para funcionar, sólo se explican en la creación de estructura burocrática para el pago de favores políticos por parte de Garro”, disparó.