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Karina Milei
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contrató a un abogado para entablar conversasiones con los letrados y representantes de los inversores perjudicados en el caso $LIBRA, según un informe periodístico. El objetivo: compensarlos monetariamente y así desactivar lo que puede transformarse en un escándalo judicial para el Gobierno.
El abogado sería Santiago Viola, apoderado del sello electoral de La Libertad Avanza, quien ya se reunió -antes de las elecciones de Octubre- con emisarios de los afectados en la Argentina por el denominado criptogate, según reveló el periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación.
Este caso tiene como protagonistas al estadounidense Hayden Davis y a los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. También involucra al presidente Javier Milei que impulsó la operatoria con un posteo en las redes, el 14 de febrero pasado.
Viola llegó a los allegados de los afectados a través de otro alfil en el universo libertario: Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y marido de la legisladora y coordinadora nacional de la campaña oficialista, Pilar Ramírez, con quien conforma una dupla muy cercana a los hermanos Milei. Wasserman habría puesto en contacto a los emisarios de los inversores con el letrado que reporta a la cúspide libertaria, según indicaron tres fuentes al mencionado medio.
Cerca de Viola comentaron que “Santiago no es funcionario del Gobierno, ni tuvo una reunión directa con la querella, pero al que le pregunta le responde que la condición insoslayable para hablar es que primero despeguen al Presidente [del caso $LIBRA] porque no cometió ningún delito”, indicaron. “Despejado ese punto se puede discutir si es viable lo demás”.
Viola puso otra condición a los allegados de los inversores con los que mantuvo al menos una reunión, llamadas y mensajes cruzados desde los días previos a las elecciones legislativas de octubre: Burlando debía abrirse de las negociaciones.
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Wasserman, en tanto, negó todo rol o conocimiento sobre los letrados de los inversores. “No sé quiénes son”, indicó.
El camino que explora Viola registra tres pasos previos por arribar a una solución por fuera de los tribunales. La primera ocurrió tras la apertura de la investigación penal en la Argentina. La defensa de Hayden Davis sondeó la posibilidad de extinguir la acción penal mediante la reparación integral del daño. Según reveló el diario porteño en junio pasado, el empresario sondeó en los tribunales de Comodoro Py la posibilidad de devolver cerca de US$100 millones a cambio de cerrar el proceso penal en su contra.
“Hasta ahora sólo se presentaron unos pocos inversores ante la Justicia argentina, y por montos bajos, así que no habría problema por ese lado, aunque lo importante es determinar si la iniciativa (de depositar los fondos) es posible en sí”, planteó una fuente consultada en aquel momento.
“Ahora hay un choque de jurisdicciones”, abundó.
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