El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay criticaron los cambios en el sistema jubilatorio impulsados por el Gobierno y los tildaron de “inconstitucionales”.

Recondo sostuvo que el proyecto que el oficialismo envió al Congreso para modificar las llamadas jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y del Servicio Exterior “es anticonstitucional” y consideró que está “muy poco estudiado”. El juez sostuvo que así “lo ha declarado la Corte Suprema muchas veces” y advirtió que “la garantía de intangibilidad del sueldo de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio”.

“No pretendemos tener la función más importante del país”, pero “este es un sistema constitucional”, dijo. “Les llaman privilegios pero son protecciones para conseguir que los jueces sean independientes”, amplió en una entrevista radial.

Sobre por qué no diría lo mismo un médico, Recondo dijo: “El médico usa su técnica, pero los intereses económicos y los poderes políticos no influyen para que mate al paciente”.

“Yo sé que cuesta entenderlo, pero teóricamente, la ventaja es para la persona que va a ser juzgada por el juez”, siguió.

“Espero no se concrete en ley, porque va a generar un vaciamiento del Poder Judicial. Ya hay 300 vacantes, va a haber 300 más”, dijo al señalar que hay en total “900 jueces”.

“no hay privilegios”

Manifestó además que “en el sistema recaudatorio esto no influye en absoluto” y consideró que “no es una ley de privilegios” porque los jueces necesitan “30 años de aportes, 20 en el Poder Judicial, 5 al menos en el cargo al que pretendemos jubilarnos”, sumado a que “no hay un monto tope” sobre el cual se le aplican los descuentos.

Indicó Recondo que hay “sumas exorbitantes” citadas en el proyecto, pero las adjudicó a que “hay jueces que al sur del Río Negro cobran un 40 por ciento más por zona desfavorable, y tienen funciones electorales”, lo que se traduce en un 20 por ciento más.

La idea del oficialismo parlamentario es debatir el proyecto en la semana o, a más tardar, después de los feriados de carnaval para obtener la media sanción en el período de sesiones extraordinarias.

En tanto, Sabsay aseguró que el nuevo esquema anunciado por el Gobierno “afecta una cantidad de principios” tales como el de “progresividad” de los haberes, y consideró que es “claramente inconstitucional”.

Principios

También sobre el aumento del 13 por ciento previsto desde marzo para haberes mínimos jubilatorios afirmó: “Es claramente inconstitucional, y afecta una cantidad de principios”.

“El primero es el derecho internacional de los derechos humanos, al que Argentina le dio jerarquía constitucional, que es el principio de progresividad y de no regresividad” agregó.

“Todo beneficio en materia de un derecho social”, como el previsional, “se incorpora al patrimonio de una persona” y “ese piso no puede ser perforado para abajo a través de nuevas disposiciones”, añadió por una radio porteña.

Dijo que “salvo los que cobran la mínima, a todos los demás se les está violando aquel principio: se les está aplicando algo que es menos que lo que tenían con la fórmula anterior, que les hubiera implicado un haber mayor”.

El abogado sostuvo también que “se viola el principio de legalidad” porque “se modifica el estatus de derechos sociales a través de un decreto y no de una ley”, y el de igualdad porque “es una situación absolutamente lesiva para los que ganan más de la mínima”,

También resaltó que “una anterior política previsional generó el achatamiento de las escalas, al subir a los que menos ganan y perjudicó de manera progresiva a los otros”, y terminó en lo que se conoció como el “Fallo Badaro”.