A propósito del informe de la misión del Fondo Monetario

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La misión del FMI, antes de dejar el país, señaló que comparte “el objetivo general del gobierno argentino relativo a restablecer el crecimiento, reducir la pobreza y fortalecer el equilibrio fiscal y externo”. Se trata de una expresión de anhelo que nadie puede rechazar debido a que la sociedad argentina no puede continuar transitando por la trayectoria descendente que viene experimentando desde hace varias décadas, con el agregado de un marcado estancamiento en la actividad económica durante los últimos 10 años: el PIB per cápita se encontraba en diciembre de 2018 en U$S 10.044, por debajo del valor de U$S 10.201 registrado exactamente 10 años antes, medido en dólares constantes de 2010 (data worldbank).

El escrito marca que la autoridad política implementó una serie de medidas tendientes a reducir la pobreza y estabilizar la economía. Sin embargo, no se hace referencia a la transitoriedad de las mismas y su impacto negativo en la eficacia y eficiencia de los instrumentos de política económica. Por ejemplo, las mejoras en el frente externo obedecen a las importantes restricciones a las transacciones de bienes y servicios del exterior y a la recesión por la que transita la economía, mientras que la tasa de inflación de enero se redujo al 2,3 por ciento debido al congelamiento de tarifas y a reducciones puntuales y no sostenibles del rubro salud, a la vez que la tasa de suba del rubro alimentos superó el 4,5 por ciento con expectativas de mantenerse en ese nivel, afectando principalmente a los sectores de menores ingresos.

Adicionalmente, las medidas fiscales aplicadas tienden a incrementar la ya elevada presión tributaria, y por el lado de las variables sociales también hay que señalar la suspensión de la cláusula de ajuste de las jubilaciones que implican una contracción real del poder adquisitivo, con el adicional de un pasivo fiscal contingente dado por los reclamos judiciales que ya están efectuando quienes han sido afectados por la medida. También se menciona que la autoridad económica tiene la intención de garantizar una solución sostenible y ordenada de la deuda. La referencia es una expresión de deseos, ya que surgen varios interrogantes debido a que no sólo no se explicitó ningún detalle de la propuesta de reestructuración, sino que hay declaraciones inconsistentes y contradictorias vertidas por los funcionarios de más alto rango (Presidente, vicepresidente y ministro de Economía) además de malestar entre los inversores.

A partir del 11 de agosto de 2019, una vez conocido el resultado de la elección denominada PASO, la situación política y económica del país se deterioró de manera sustancial. No obstante, el informe no hace referencia a que la desmejora fue el resultado del riesgo político que generó por entonces el muy probable regreso del kirchnerismo al poder, que provocó fuertes desequilibrios tanto a nivel interno como externo, manifestado en salida de capitales, caída del precio de las acciones y bonos y alta volatilidad del tipo de cambio. El riesgo país había trepado de manera considerable, pasando de 872 puntos básicos el viernes previo a las PASO a 2.532 hacia el final del mes de agosto. Al respecto, en la Cuarta Revisión no se había advertido de los efectos negativos que podría tener la llegada del PJ-K al Gobierno.

El informe señala que la deuda del sector público nacional (SPN) se ubicó en el 91 por ciento del PIB o en el 63 por ciento en términos del cálculo del PIB provisto por Mecon. Aquí cabe realizar algunas reflexiones en cuanto a dicho peso relativo (disparidad de porcentajes). No queda claro el criterio de elección del denominador en el cociente ni se hace referencia a la paridad del tipo de cambio. En el período 2007/2015, la deuda del SPN creció en US$ 63.795 millones mientras que entre 2015/2019 trepó en US$ 70.586 millones. La deuda estaría en el orden de US$ 311.000 millones (estimativo).

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En estas condiciones el pago de los intereses y la amortización del capital resultan de muy difícil cumplimiento para el presente año y el próximo dada la concentración de los vencimientos, lo que le da pie a los funcionarios del FMI y del gobierno nacional para afirmar que la deuda del SPN es insostenible. La magnitud del superávit primario necesario para cumplimentar los requerimientos dado los vencimientos es muy elevado lo cual demanda buscar algún grado de consenso con los acreedores privados y con el FMI para definir una solución sostenible en el tiempo. En cuanto al primer aspecto el gobierno continúo con su postura de no enunciar cuál es y cómo se estructurará la propuesta y tampoco el FMI estableció cómo cooperará para disminuir la incertidumbre que existe en la sociedad (solo menciona que seguirán dialogando, pero es fácil advertir que se trata solo de una expresión de anhelo, que es una condición necesaria pero no suficiente).

El informe como se señala en los párrafos previos presenta imprecisiones y generalidades que a los tenedores de los bonos soberanos y a los agentes económicos le generan una fuerte dosis de intranquilidad. A este panorama hay que añadirle la incertidumbre que transmiten los eventuales conflictos entre los miembros del partido en el poder en cuanto a la interpretación de la realidad política del país y los antecedentes históricos de default que incursionó Argentina. Sin ninguna señal clara de austeridad fiscal, todo indica que el plan del gobierno apunta a lograr quitas en las obligaciones soberanas y extensión de los plazos de vencimientos de deuda, para así contar con recursos para financiar políticas populistas.

(*) Profesores de Microeconomía Universidad Nacional Córdoba (UNC)