Provincia: la oposición pidió al Gobierno información sobre el Programa “Barrios Seguros” 

Preocupados por la escalada de casos de inseguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclamó al Gobierno información sobre diferentes cuestiones vinculadas al Programa “Barrios Seguros”, que logró mejorar los índices de criminalidad en los últimos años.

Puntualmente los legisladores requirieron información acerca de cómo se está coordinando la implementación del programa entre las diferentes fuerzas de seguridad, los distintos niveles de gobierno y las organizaciones comunitarias.

Se trata de un pedido formulado por la diputada de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Waldo Wolff, Hernán Berisso, Mónica Frade, María Luján Rey, Graciela Ocaña, Josefina Mendoza, Adriana Cáceres y  Natalia Villa. 

“Nos preocupa cómo se viene desarrollando e implementando el Programa en los últimos seis meses de gestión”, apuntó Joury, y remarcó la importancia de contar con información acerca de su continuidad, los barrios en los cuáles se está implementando, con qué fuerzas de seguridad se lo está haciendo, o si está previsto ampliarlo a otros barrios en este difícil contexto como consecuencia de la Pandemia por el COVID-19.

El programa fue creado en 2016 en el ámbito del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, durante el gobierno de Mauricio Macri. Comenzó como una prueba piloto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se implementó en el Barrio 31 y 31 bis, para luego extenderse hacia el Barrio Alto Verde de la Provincia de Santa Fe, y hacia los barrios Carlos Gardel y Borges de la provincia de Buenos Aires, entre muchos otros.

Su objetivo principal fue reducir los niveles de crimen organizado, en particular del narcotráfico, los delitos y la violencia en barrios populares y vulnerables, que fueron identificados en su momento como prioritarios porque contaban con altos índices de conflictividad social y poca presencia estatal.  Las estrategias de intervención en los barrios seleccionados se basaron en el trabajo coordinado entre diferentes agencias estatales, niveles de gobierno y organizaciones comunitarias.

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El programa incluye varias etapas.  En primer lugar, un relevamiento preliminar para determinar las prioridades de intervención en cada barrio. En segundo lugar, a través de la intervención de las fuerzas de seguridad en puntos específicos de dichos barrios para erradicar el narcomenudeo y poner en práctica políticas de contención y asistencia social. En tercer lugar, se instalan Unidades de Prevención Barrial (UPB) integradas por Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, para consolidar la presencia activa y permanente del Estado. Y, por último, la conversión de esos espacios donde antes reinaba el delito y el narcotráfico en espacios de servicio para los vecinos del barrio.

Vale destacar que la implementación del Programa durante la gestión anterior logró reducir todos los índices de criminalidad. Por ejemplo, en lo que respecta a los homicidios entre 2015 y 2019 bajaron desde el 67% hasta el 100%, dependiendo de cada barrio. En el año 2019, por lo menos hasta el mes de octubre, en el Barrio 1.11.14, en el Barrio Carlos Gardel y en el Barrio Fátima, que tenían una tasa considerable de homicidios en 2015, no se registró ninguno.

“Una política pública de seguridad tiene que tener como principal objetivo el combate al narcotráfico sin que exista la más mínima posibilidad de establecer un diálogo con los narcotraficantes. El objetivo debe ser la reconstrucción de la legalidad y legitimidad estatal en aquellos barrios que conviven y sufren el delito en sus calles”, señaló Joury.

Asimismo, los legisladores se mostraron preocupados ante el marcado incremento en las denuncias de delitos por parte de vecinos o reportes de medios de comunicación, “lo que evidencia que la inseguridad está aumentando en muchos barrios vulnerables y zonas urbanas, y de allí el objeto de este pedido de informes al gobierno nacional”.