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El Gobierno bonaerense intensifica las gestiones con cinco laboratorios internacionales para adquirir vacunas contra el coronavirus de forma directa y así complementar la acción central de la Nación en la llegada de más dosis, tratativas para las que el gobernador Axel Kicillof fue habilitado por una ley sancionada por la Legislatura.
Pese a que las negociaciones se mantienen con un total hermetismo, una alta fuente del Gobierno provincial confió que hay conversaciones en curso, tal como ya informara este diario, con el Instituto Gamaleya (desarrollador de la Sputnik V) y las farmacéuticas CanSino Biologics (compañía chino-canadiense), Moderna (EE UU), CureVac (Alemania) y el laboratorio estatal China National Pharmaceutical Group, que produce la vacuna Sinopharm.
“Con esos laboratorios se mantiene el diálogo abierto. También han aparecido varios intermediarios pero como las ofertas se chequean con el laboratorio y la embajada de cada país hasta ahora fueron todas rechazadas, por no estar autorizados”, reveló el vocero.
En la rueda de prensa que Kicillof ofreció el viernes, si bien no dio precisiones sobre las gestiones para comprar vacunas, anticipó que “en los próximos días puede haber novedades” y ratificó que en el caso de que la Provincia consiga vacunas “las pondrá a disposición del Gobierno nacional, para que las distribuya en forma equitativa”.
“Si la provincia de Buenos Aires consigue provisión de vacunas lo que va a hacer es llevárselas al Gobierno nacional. La provincia es generosa y solidaria y no hace campaña con la salud y con la muerte”, subrayó.
Aunque la legislación nacional habilita a las provincias a negociar en forma directa con los laboratorios para la compra de vacunas, Kicillof envió de todas formas un proyecto de ley a la Legislatura para conseguir el aval legislativo por las condiciones de contratación que exigen algunos proveedores, como cláusulas de confidencialidad o prórrogas de jurisdicción en caso de controversias o litigios judiciales.
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La iniciativa, que fue sancionada en menos de una semana, faculta al Ejecutivo bonaerense, a través del Ministerio de Salud y de la Jefatura de Gabinete de la provincia, “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.
La norma, que ya fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires bajo el número 15.284, establece también que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, deberán ser informados a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en la Legislatura bonaerense.
Allí se estableció que el informe de cada contrato de adquisición de vacunas deberá ser enviado cada 60 días y que la Bicameral tendrá facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos, en los casos en que estas existan.
El proyecto debió ser consensuado con la oposición, ya que el Frente de Todos no tiene mayoría ni quórum propio en el Senado.
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