Revés judicial en Uruguay para “Pepín” Rodríguez Simón

La justicia penal de Montevideo rechazó ayer la acción de habeas corpus presentada por el diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (Cambiemos) por lo que el dirigente macrista no logró la herramienta judicial con la que pretendía asegurarse que no sería detenido en ese país.

La decisión fue adoptada por el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Marcelo Malvar, ante quien Rodríguez Simón había presentado un segundo habeas corpus –el primero fue rechazado el 7 de mayo- en el que sostuvo que es víctima de una persecución política y la justicia argentina busca detenerlo de forma arbitraria.

La jueza federal María Romilda Servini ordenó el miércoles último la “inmediata captura nacional e internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria” a Rodríguez Simón, luego de que su abogado presentara un escrito ante el juzgado federal 1 en el que informaba que se encontraba en Uruguay tramitando un pedido para ser acogido como refugiado político.

El fracaso de la acción de habeas corpus coloca a Rodríguez Simón ante la posibilidad de ser detenido en Uruguay, aunque tan solo sea a los efectos de ser puesto a disposición del tribunal que vaya a tramitar la eventual extradición, una vez que estén completados los pasos para ello.

El juicio de extradición puede iniciarse y completarse mientras dure el trámite iniciado por “Pepín” para ser considerado un refugiado político, aunque el resultado del primero quedará sujeto a lo que decida la Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay.

Esa entidad deberá decidir si se le concede es estatus se garantizará no ser devuelto a la Argentina, algo que tampoco podrá ocurrir durante el proceso.

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Al rechazar la acción con la que Rodríguez Simón pretendía garantizarse que no sería detenido durante su estadía en Uruguay, el juez Malvar sostuvo que no logró demostrar que fuera a un perseguido político ni que la justicia argentina hubiera impartido órdenes arbitrarias.

“Pepín” está acusado de integrar una asociación ilícita que se habría dedicado, entre otras cosas, a presionar a los accionistas del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, quienes así lo denunciaron ante la justicia.